Encarcelado un hijo de Mitterrand por presunta complicidad en la venta ilegal de armas a Angola

La red de intereses africanos trazada desde El Elíseo en la época de François Mitterrand se halla bajo investigación. Dos jueces de París enviaron anoche a la prisión de la Santé a Jean-Christophe Mitterrand, de 54 años, hijo del que fuera presidente de la República francesa, acusado de "tráfico de influencias, complicidad en tráfico de armas y encubrimiento de abuso de bienes sociales", entre otros delitos, relacionados con un sumario por blanqueo de dinero y comercio de armas con Angola. Otros altos cargos relacionados con el difunto presidente son investigados en el mismo caso.

Por el mismo asunto ha sido detenido Paul-Loup Sulitzer, un autor de best-sellers, y antes habían sido interrogados Jacques Attali, ex consejero de François Mitterrand, y el eurodiputado y antiguo prefecto Jean-Charles Marchiani, un hombre próximo al ex ministro del Interior, Charles Pasqua.La investigación se ha precipitado tras el procesamiento de Pierre Falcone, un hombre de negocios que permanece desde hace tres semanas en la cárcel, acusado de venta ilícita de armas, fraude fiscal y tráfico de influencias, entre otros delitos. Los jueces pretenden determinar cuáles eran sus relaciones con distintas sociedades y personas, entre ellas el hijo de Mitterrand, que actuó como consejero de su padre para asuntos africanos entre 1986 y 1992.

Los magistrados sospechan que éste último recibió importantes sumas de dinero para facilitar contratos de armas al régimen del presidente angoleño José Eduardo dos Santos, enfrentado a la rebelión de UNITA.

El nombre de Jean-Christophe Mitterrand apareció en unos disquetes de ordenador encontrados por la policía en casa de la secretaria de Falcone. Éste habría entregado varios cientos de miles de francos en comisiones, a cambio de los servicios prestados por la red de relaciones trazada por Jean-Christophe Mitterrand durante sus años al frente del grupo de trabajo para África en El Elíseo. El abogado de Mitterrand dijo que recurrirá hoy el auto de prisión y calificó de "irregularidad" que su cliente hubiera permanecido ocho horas en los locales de la Brigada Financiera de la policía, antes de pasar a disposición judicial.

Falcone es sospechoso de haber vendido armas sin autorización, a través de la sociedad Brenco International. Los interrogatorios giraron en torno a la obtención de contratos de venta de armas para Brenco con el régimen de Dos Santos. Un primer contrato, firmado en 1993, habría permitido a Falcone y a su socio Arcadi Gaydamak una operación de 47 millones de dólares (unos 8.500 millones de pesetas) en el suministro a Angola de equipamientos rusos. Al año siguiente, el Gobierno angoleño firmó con Brenco International un contrato mucho más jugoso, de 463 millones de dólares para el suministro a Luanda de helicópteros y de aviones de caza Mig.

La indagación afecta igualmente a otras personas de la clase política. Uno de los afectados es Jacques Attali, que fue consejero del presidente Mitterrand y presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, de 1991 a 1993. La casa de Attali ya fue registrada a principios de mes y se ha sabido que es otro de los nombres incluidos en los disquetes requisados.

Otra persona investigada es el ex prefecto Jean-Charles Marchiani, actual eurodiputado del grupo Unión por Francia (RPF). A principios de diciembre fue interrogado por agentes de la Brigada Financiera sobre la ejecución de acuerdos de cooperación entre Francia y algunos países africanos, y ha negado estar implicado en caso alguno de blanqueo de dinero. Marchiani es un hombre próximo al ex ministro del Interior, Charles Pasqua. Un ex director de la sociedad francesa de exportación de material y sistemas del Ministerio del Interior (Sofremi) fue procesado, el 14 de diciembre, por venta ilícita de armas a Angola.

Los disquetes de Pierre Falcone revelan igualmente que el vendedor de armas habría entregado 100.000 francos (2,5 millones de pesetas) en 1997 a la Asociación Profesional de Magistrados, de tendencia conservadora. La sociedad Brenco International suscribió 25 abonos bianuales a la revista editada por el sindicato de magistrados, suma que representaba "una cuarta parte del presupuesto del sindicato", según reconoce el ex presidente del mismo, Georges Fenech. Buscaban que su revista se difundiera más ampliamente "y no sólo entre magistrados", y por eso propusieron a empresas e instituciones los abonos de apoyo. El ex presidente de la asociación niega tener algo que reprocharse.