Los extranjeros suponen ya el 2,7% de la población española
Tras el proceso de regularización, el número de residentes extranjeros en España pasa de los 801.329 censados en 1999 a 938.783. Su porcentaje respecto al total de población asciende al 2,7%. Los ciudadanos marroquíes son hegemónicos entre los inmigrantes, según los datos proporcionados por el secretario de Estado Enrique Fernández Miranda. Su colonia, con 194.099 miembros, es la primera, seguida por los chinos.
Fernández Miranda afirmó que por primera vez los ciudadanos no comunitarios (515.955) superan a los comunitarios (418.374). Entre los primeros, tras los marroquíes figuran los chinos (30.958), los ecuatorianos (28.773) y los colombianos (24.650). Las mayoría de los marroquíes que presentaron solicitudes para regularizar su situación viven en Andalucía (15.245), Cataluña (12.767) y Murcia (11.524). Los chinos están repartidos principalmente entre Madrid (3.640) y Cataluña (2.528). Los ecuatorianos, en Madrid (10.487) y Murcia (4.087). Y los colombianos, en Madrid (5.407).Los principales sectores de actividad de estos inmigrantes son el agropecuario (33,25%), el servicio doméstico (14,99%), la construcción (14,91%) y la hostelería (11,37%).
A pesar de todas estas cifras, el Gobierno sigue sin ser capaz de determinar cuál será la capacidad de acogida de España. El delegado para la Inmigración declaró: "No sabemos cuántos inmigrantes necesitaremos en los próximos años. Deberemos contar con nuestro mercado laboral". Fernández Miranda profetizó que el índice de reagrupación fasmiliar va a ser muy importante en la delimitación del contingente del 2001, ya que los nuevos residentes podrán ejercer el derecho de traer a sus parientes más próximos.
El 83,23% de los solicitantes (204.860) habían presentado una solicitud anterior. El 6,5% ya eran titulares de un permiso (15.991). El 7,74 se acogieron a su condición de familiares de residentes (19.267) y el 2,43% solicitó asilo (5.971).
La mayoría de ellos (210.027, el 85,35%) pidieron permiso de trabajo y de residencia por cuenta ajena. El 5,12% (12.624) lo solicitaron para residir y trabajar por cuenta propia. El 6,79% (16.681) pidieron permiso de residencia, y sólo el 2,74% tarjeta comunitaria (6.757).
La presentación de las últimas cifras sobre inmigración coincide con la llegada de miles de inmigrantes a Almería en busca de un permiso para quedarse en España. Fernández Miranda aseguró que el Gobierno no tiene constancia de que ningún grupo concreto haya sido el promotor del falso rumor que afirmaba que podrían legalizar su situación. También dijo que el Ejecutivo no tiene constancia de que algunos de los que han llegado a la ciudad estén siendo contratados ilegalmente por empresarios de la zona.
Más de 1.000 de las 5.000 peticiones de regularización presentadas estos últimos días en Almería han sido denegadas, según un comunicado emitido por la Subdelegación Provincial del Gobierno, informa la agencia Efe.
De los 1.000 expedientes para la obtención de permiso de residencia por circunstancias excepcionales y cédulas de inscripción estudiados, el cien por cien han tenido resultado negativo.
La resolución de dichas solicitudes ha obligado a la Subdelegación del Gobierno a establecer turnos de mañana y tarde, con fin de hacer frente a lo que un portavoz calificó de "imprevisible e inesperada situación".
De acuerdo con las posibilidades técnicas de la Oficina de Extranjeros, se determinó que ésta tendría capacidad para atender a más de 700 personas diariamente, pero dado que la avalancha de inmigrantes, procedentes de toda España e incluso de otros países europeos, superaba con creces esta cifra, se acordó entregar números de cita previa para organizar los cupos.
El Gobierno sostuvo que mediante este procedimiento "se ha evitado que el número de personas concentradas ascendiera a 15.000, que es el número de citas previas que se han concertado".
En un comunicado, el Gobierno indica que, "tanto desde el punto de vista del orden público como por razones humanitarias, la decisión de establecer citas previas se consideró la mejor solución posible", respondiendo así a las críticas efectuadas por responsables de la Junta de Andalucía, quienes aseguraban que las citas alentaban la esperanza de los inmigrantes a ser regularizados.
La Subdelegación recordó que, según el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, "cualquier ciudadano, español o extranjero, tiene derecho a presentar escritos y solicitudes dirigidos a las Administraciones y que éstas tienen la obligación de recepcionarlos, aunque la petición carezca de fundamento". Por tanto, los representantes del Ejecutivo consideraron que "negarse a recibir las solicitudes de los inmigrantes significaría la negación de un derecho reconocido por nuestras leyes".
Respecto a este asunto, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, declaró a Onda Cero: "Existe una situación grave en Almería y pienso que estaría perfectamente justificado que se pudiera anunciar continuamente que se cierran las ventanillas hasta que pasen bastantes días. Y que se anuncie con bastante claridad que no se va a proceder a ninguna regularización de la situación de los inmigrantes. En el momento en que se cita a los inmigrantes para dentro de diez o quince días", añadió, "se está provocando que se queden en la ciudad, y ahí se puede crear una situación delicada y difícil".
Latinoamérica crece
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, propuso el martes que el Estado favoreciera la inmigración latinoamericana frente a la de otros países. Adujo para ello razones de afinidad cultural. Un vistazo a los resultados del proceso de regularización induce a pensar que las autoridades participan de la misma idea.El porcentaje de admisión de las solicitudes de los ciudadanos procedentes de Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador es claramente superior al de las del resto de los aspirantes.
Inmediatamente detrás figuran los europeos: de Polonia, Bulgaria, Rumania y Ucrania. Los marroquíes, que presentaron el mayor número de peticiones, sólo ocupan el duodécimo lugar. Poco más de la mitad de sus solicitudes fueron aceptadas. En el puesto número 15 están los nigerianos, que constituyen el grueso de la inmigración subsahariana y a los que España no puede expulsar porque su país no los reconoce como ciudadanos.
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