Vencidos y vencidos

El caso Atlético sólo ha dejado vencidos por el camino. Nadie se puede proclamar ganador en un litigio desastroso. El club ha vivido entre convulsiones el último año, sometido a toda clase de peripecias, una de ellas especialmente dramática. Después de seis décadas en Primera, el Atlético descendió a Segunda División, afrenta que parecía impensable para un club que cuatro años antes había ganado la Liga y la Copa.El Atlético había ofrecido algunas señales preocupantes con anterioridad a la brusca decisión del juez García-Castellón. El equipo estuvo cerca del descenso en la temporada anterior y las cosas no funcionaban mejor cuando se decretó la administración judicial. Resultados y buena gestión no van necesariamente unidos, porque el fútbol es materia caprichosa. Pero la tranquilidad, el orden y la transparencia ayudan a la buena salud de los equipos.

No era el caso del Atlético, crispado en todos los órdenes. Cambios traumáticos de entrenadores -Sacchi, Antic, Ranieri-, malestar en la plantilla, runrún en la grada. Síntomas clásicos de crisis.

La administración judicial, decretada por García-Castellón a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, tuvo un carácter inédito en el fútbol español. El fiscal Carlos Castresana apreció presuntos delitos de carácter muy grave en la gestión de la familia Gil: apropiación del club sin desembolsar dinero, contratos con jugadores fantasmas por cantidades desorbitadas de dinero, irregularidades sangrantes en la contabilidad...

Sin embargo, su auto ofrecía tantas lagunas que terminó por volverse en contra de los administradores. Se acusó por error a Gil y al resto de los imputados de tráfico de estupefacientes; se retrasó el registro del auto por falta de firma, de sello y por defectos en el documento de identidad del administrador judicial, Luis Rubí. Tampoco ayudó la idea de ampararse en un decreto dictado durante el franquismo para instruir el caso Matesa.

La administración judicial nació mal parida. El mundo del fútbol, atendiendo a sus misteriosos códigos, rechazó a los administradores como a apestados. Tampoco Rubí se ayudó a sí mismo con actuaciones típicas de cualquier presidente al uso. Y cuando los resultados fueron decididamente mal, el juez García-Castellón plegó.

El invento resultó un fracaso. Sus consecuencias son pésimas para todos los protagonistas de la historia: los Gil, Rubí -a punto de dejar su puesto en la Administra-ción-, el abogado Miguel Juane, el fiscal Castresana... Y sobre todo, el Atlético de Madrid, descendido y descapitalizado de jugadores.