Un juzgado investiga al subastero Royuela por denuncias falsas contra jueces y fiscales
Un juez de Barcelona ha abierto diligencias para investigar las denuncias falsas presentadas en los últimos días en los juzgados de la ciudad por el conocido subastero y ultraderechista Alberto Royuela, en las que se relataba que conocidos jueces y fiscales habían evadido sumas millonarias de dinero a Suiza o países suramericanos de manera directa o a través de familiares.
Malas falsificaciones
Todas las denuncias han sido archivadas por la justicia al comprobarse la falsedad de su contenido y la falta de consistencia de la abundante documentación que se acompañaba. Se da la circunstancia de que la mayoría de las personas de la judicatura a las que se implicaba en las denuncias tienen en común haber actuado en procesos penales contra Royuela o contra el alcalde de Marbella, Jesús Gil.La investigación del caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que en los próximos días empezará a analizar la numerosa documentación confiscada el pasado lunes en dos registros judiciales que se practicaron en el domicilio de Royuela y en el del periodista Juan Martínez Grasa, editor de un dossier confidencial de venta restringida. Buena parte de los documentos intervenidos se adjuntaron en su día a las denuncias falsas, mientras que otros estaban preparados para ser distribuidos en los próximos días, aseguran fuentes judiciales. Entre esa documentación figuran también pruebas que relacionan a Alberto Royuela con Jesús Gil en la estrategia para presentar las denuncias falsas.
La primera de estas denuncias se presentó el pasado 23 de octubre en el juzgado de guardia de Barcelona y va firmada por Royuela, quien acudió acompañado de Martínez Grasa y un abogado que ha defendido a Royuela en algunos procesos civiles. En la denuncia se asegura que la magistrada Roser Aixandri, titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, canaliza las inversiones en Panamá de numerosos jueces y fiscales a través de sus esposas, como en el caso de Carlos Jiménez Villarejo, fiscal anticorrupción, o Gerard Thomás, presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona.
La juez Aixandri instruyó el caso que acabó con la condena firme de Royuela a dos años de prisión por falsificación de documentos en el caso que implicó al ex jefe de la Guardia Urbana de Barcelona Julián Delgado. El tribunal que condenó a Royuela lo presidió Thomás, quien ordenó el ingreso en prisión del subastero al ser firme la sentencia. Thomás, además, formó parte de otro tribunal que condenó a Royuela a tres años de prisión por estafa.
Las falsedades de Royuela implican al fiscal Mena y al presidente del TSJC
"Los documentos que acompañan las denuncias están tan mal falsificados que resultan hasta cutres", aseguran fuentes judiciales. Esos papeles aluden en algunos casos a personas fallecidas cuando ocurrieron los hechos que se denuncian o bien que no formaban parte de los tribunales que se dice. Los cheques, así como numerosas órdenes de pago, contienen firmas falsas, según han certificado los supuestos bancos emisores, y en otros se utilizan nombres erróneos. Otros documentos aluden incluso a la vida privada de los jueces y fiscales y a las actividades profesionales de familiares directos.Al margen de esas dos denuncias en los tribunales, a primeros del pasado mes de junio se presentó en la Delegación de Hacienda de Barcelona una denuncia acusando a la esposa de Jiménez Villarejo y al propio Gerard Thomás de tener cuentas secretas millonarias en Suiza. Los bancos en los que presuntamente estaban depositadas esas cantidades certificaron a los pocos días que se trataba de una falsedad.
Esa información fue facilitada al mismo tiempo a un medio de comunicación, que fue el que comunicó estos hechos al firmante de la denuncia, un vecino de Teià (Maresme). El afectado negó cualquier relación con la denuncia y acudió al juzgado a revelar la utilización de su identidad.
El magistrado Adolfo Fernández Oubiña se hizo cargo de la denuncia, que acabó archivada al no poderse comprobar quién era el verdadero autor de la misma. Antes de adoptar esa decisión, el juez tomó declaración al vecino de Teià y a un periodista en calidad de testigo, y ordenó a la policía que investigara el entorno del financiero Javier de la Rosa y del ex juez Luis Pascual Estevill por considerar que la denuncia falsa podría guardar alguna relación con ellos. Las pesquisas policiales resultaron infructuosas.
