Los dueños de tres fincas de Castril denuncian por estafa y falsedad al alcalde y a cargos de la Junta

Los propietarios de las tres fincas de Castril (Granada) que fueron inmatriculadas (registradas) en 1989 a nombre del Ayuntamiento han presentado una querella criminal -el tercero de los pleitos que emprenden- contra nueve personas, entre ellas el alcalde de Castril, altos funcionarios de la Junta y un registrador. Los acusan de falsedad, estafa, prevaricación, tráfico de influencias y alzamiento, entre otros delitos, y piden al juez que les impongan una fianza de mil millones. El alcalde de Castril, Joaquín Fernández, defendió ayer en un pleno la propiedad de la tierra.

La certificación expedida por el registro de la propiedad de Huéscar deja claro que las tres fincas, que suman 1.957 hectáreas, no han sido cedidas nunca por sus dueños al Ayuntamiento de Castril y menos a la Junta de Andalucía para que formen parte del parque natural de Castril. Sin embargo, en 1989, un registrador las incluyó, después de varios intentos infructuosos, como suelo público.Aunque las tres propiedades en apariencia están formadas por tierra inculta y sin valor, hace unos años fueron descubiertas en el subsuelo unos importantísimos yacimientos de mármol que ahora hacen imposible cuantificar su valor auténtico en caso de que pudieran ser explotadas.

¿Que pasó? Para Modesto Expósito, Rafael Aibar y Eloy Barroso no fue un mero error del registrador, sino un plan deliberado por parte del alcalde, el socialista Joaquín Fernández, y su el antiguo secretario, Victor David Burgos, para apropiarse de un bien privado. "Por arte de prestidigitación", señala en la querella, en 1989 se incluyeron "unos nuevos linderos ficticios e inexistentes" que abarcaban no sólo el monte público sino también las fincas aludidas.

Los demandantes estiman que el juez debe investigar si el alcalde, el secretario municipal y el registrador obtuvieron con esta operación beneficios particulares mediante la apropiación de subvenciones y otro tipo de ayudas. La escritura cuya inscripción ha originado el rosaro de pleitos fue firmada en 1944 pero sucesivos registradores fueron negando la inmatriculación hasta 1989.

Además, sostiene la querella, la Junta de Andalucía, a la que el Ayuntamiento cedió las fincas y el resto del terreno público para formar el parque natural de Castril , no ha contestado ni rectificado ante las reclamaciones de los propietarios. "No podemos llamar imprudencia simple a lo que sucedió con las fincas porque el pícaro alcalde se ha enriquecido torticeramente hasta el punto de que suponiéndo que algo no iba bien llevó a cabo capitulaciones matrimoniales con su cónyuge y posteriormente lo que le habría correspondido lo transmitió a su hija".

Joaquín Fernández tiene en la actualidad varios pleitos abiertos contra él. La Consejería de Cultura también se opuso a un acuerdo municipal adoptado hace un año por el cual Castril dejó de ser casco histórico protegido lo que, en la práctica, supuso la legalización de una serie de obras que no contaba con el visto bueno de la Comisión del Patrimonio, entre ellas unas de ampliación emprendidas en el restaurante propiedad de la familia del alcalde que han sido paralizadas por la Consejería de Cultura.

Joaquín Fernández convocó ayer un pleno para tranquilizar al pueblo sobre las reclamaciones judiciales emprendidas por los dueños de las fincas. Fernández defendió en un comunicado que existe una "presunción posesoria a favor del Ayuntamiento que será vinculante hasta que se dirima la propiedad controvertida" por los jueces.

"Esta Alcaldía sólo ha adoptado las decisiones tendentes a proteger un bien que desde el año 1944 pertenece y es aprovechado por el común de los vecinos de Castril (...). Estén tranquilos los vecinos, ya que con la actuación de defensa del Ayuntamiento del monte público se está defendiendo la integridad" del parque de Castril.

Rafael Aibar, uno de los demandantes, reprochó a los dirigentes socialistas que mantengan en el puesto a un "hombre que por su actitud debió gobernar en el siglo XVII" y que usa fondos públicos para defenderse.