Un tribunal de París condena a cinco años al ex jefe militar de ETA Iñaki de Rentería
Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, fue condenado ayer a cinco años de prisión por el Tribunal Correccional de París -la mitad de la pena que había solicitado la fiscal Irene Stoller-, en lo que constituye la primera condena en Francia desde su detención, el pasado 15 de septiembre, en la localidad francesa de Bidart. El hombre al que la policía española considera el ex jefe militar de la organización terrorista ETA tiene ya otras dos condenas anteriores, pronunciadas contra él en rebeldía, de cinco y seis años, respectivamente. Todos los etarras obtuvieron penas inferiores a la petición fiscal.
El papel de Iñaki de Rentería en el sumario por el que se le condena ahora no es el más importante. El tribunal pronunció sentencias más severas contra José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, y contra Jesús María Puy Lekumberri, Txuma, viejos conocidos de la justicia francesa, que les ha condenado ya en repetidas ocasiones. La petición de la fiscal para ambos era también de diez años. El fallo conocido ayer supone sendas condenas de ocho años más. "No puede hablarse de una sentencia de clemencia cuando hay condenas de seis y ocho años", manifestó la abogada Yolanda Molina, al ser preguntada sobre el hecho de que la pena contra Iñaki de Rentería fuera la mitad de la petición fiscal.Los tres etarras charlaron animadamente en la sala de audiencia e hicieron gestos de divertirse mucho con el veredicto. Sin embargo, se abstuvieron de repetir las escenas protagonizadas durante los días de la vista oral, el 9 y 10 de octubre pasado, en que lanzaron arengas, forcejearon con los policías que les custodiaban y rompieron varios muebles de la sala de audiencia, además de arrojar un zapato contra una periodista. El presidente del tribunal se vio obligado entonces en varias ocasiones a desalojar al público y a los detenidos, después de que éstos corearan "gora ETA" y eslóganes por la liberación de los presos etarras y la independencia del País Vasco.
Los tres etarras, al igual que todos los presos de la organización terrorista recluidos en Francia, finalizaron la semana pasada una protesta para exigir que haya más de un detenido de ETA por cárcel.
El asunto por el que se les ha juzgado arranca de una operación de compra de armas a países del Este de Europa a través de intermediarios alemanes, que se desarrolló al menos hasta la detención de Kantauri en París, en marzo de 1999. Por este asunto, y en general por pertenencia a asociación de malhechores con fines terroristas, han sido condenados también a seis años de cárcel cada uno -la petición también era de 10 años- los etarras Irantzu Gallastegi, Mikel Zubimendi, José Ignacio Herrán y Jon Mirena San Pedro, que no estaban presentes durante la lectura del fallo. La misma pena ha recaído en el actual supuesto jefe del aparato militar de ETA, Xabier García Gaztelu, Txapote, que fue juzgado en rebeldía.
Éste último es considerado por la policía española como uno de los máximos responsables de la escalada de violencia de ETA tras la ruptura de la tregua, en diciembre de 1999, junto a Iñaki de Rentería y Soledad Iparragirre, Anboto.
El tribunal que pronunció estas condenas anunció igualmente las de Jesús María Martín Hernando -es miembro del comando Vizcaya-, a cinco años de prisión, y Conchita Iglesias Álvarez, a tres años. Esta última fue compañera de Kantauri y es madre del hijo de ambos. Los hechos por los que se les condena corresponden a otros sumarios que el tribunal mezcló con el anterior, sin dar cuenta del motivo. En un principio debería haber sido juzgado con ellos Ángel Pikabea, otro de los detenidos en septiembre pasado, pero por una serie de razones formales la vista contra él ha sido aplazada hasta hoy.
El presidente del tribunal dio lectura exclusivamente al fallo, y una huelga de abogados en el Palacio de Justicia de París impidió obtener los razonamientos de la sentencia a través de su notificación a las partes. Todos los condenados ayer, salvo Conchita Iglesias, han sido sentenciados también a prohibición de residencia en Francia una vez que cumplan sus respectivas condenas.
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