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Tribuna:DEBATE

Por un voto

El republicano George W. Bush será el nuevo presidente de Estados Unidos tras la decisión adoptada esta semana por el Tribunal Supremo de la nación, que ha rechazado el recuento de 43.000 papeletas dudosas del decisivo Estado de Florida. Bush ha obtenido menos votos populares en el conjunto del país que su rival, el demócrata Al Gore, pero dispone ahora de mayoría en el Colegio Electoral que designa al presidente. En esta página se analiza cómo puede influir esta situación en la gestión del mandatario republicano que sustituirá a Bill Clinton.

George W. Bush es ya presidente electo de Estados Unidos, aunque lo sea por un pelo. Mejor, por un voto. En Florida, su escasa mayoría de la noche electoral, unos 1.800 votos, había ido bajando, con cada uno de los sucesivos recuentos parciales, a 930 votos, a 537, a 154, según la última cuenta del Tribunal Supremo del Estado. De haberse procedido al recuento en todo el Estado que había ordenado ese Tribunal Supremo, posiblemente la victoria hubiera ido a las manos de Al Gore. Aun cuando ya no tenga efectos jurídicos, algún día más bien cercano lo sabremos. La ley de documentos oficiales del Estado de Florida es muy abierta y pronto algún centro académico o algún grupo social la usará para llevar a cabo un recuento en condiciones. Bush es un hombre afortunado. No sólo ha ganado las elecciones por un voto, sino que podrá saber la identidad de la persona que se lo dio. Es William Renhquist, el presidente de la Corte Suprema federal, ante quien jurará su cargo el próximo 20 de enero.Pero no nos engañemos. Con ese voto basta. Los jueces Rehnquist, O'Connor, Scalia, Kennedy y Thomas le han regalado a Bush la presidencia de Estados Unidos y, con ella, la preciosa carga de poder que acarrea. Para ello han tenido que pasar por encima de cuanto decían que les guiaba en su quehacer de magistrados. Los conservadores estadounidenses les halagaban viendo en la banda de los cinco un parangón de lo que deben ser los jueces construccionistas. En la jerga jurídica de los conservadores de EE UU, construccionistas son los que se atienen a una interpretación estricta de la ley, mientras que los activistas usan de sus estrados para legislar por vías de hecho. Los primeros, se decía, son conservadores y apolíticos; los segundos, liberales y politizados. Los construccionistas son federalistas estrictos, es decir, prefieren el poder local al de los Estados y el de éstos al del Gobierno federal.

Quienes de buena fe creían en tal caracterización han debido quedarse de piedra al leer la sentencia que ha cancelado el proceso electoral estadounidense. Los mismos jueces que han echado abajo leyes federales que imponían a los sheriffs de los condados controlar la identidad de los compradores de armas o que prohibían portarlas en las cercanías de las escuelas por considerar que ésos eran asuntos exclusivos del poder local no han tenido el menor rebozo en enmendar la plana por dos veces al Tribunal Supremo de Florida en materia electoral, a pesar de que una continuada jurisprudencia de la propia Corte Suprema ha dejado siempre estas cuestiones en manos estatales.

Más aún, la mayoría bushista ha decidido hacer suyos los argumentos de conveniencia política esgrimidos por el candidato republicano para impedir a todo trance un recuento manual de los votos en Florida. So color de que la igualdad de trato para todos los votantes se compadece mal con los criterios dispares empleados en los recuentos por las comisiones electorales de los condados, los bushistas han decidido dar carpetazo a las exigencias de los demócratas. Les ha importado una higa que así se haya hecho desde los tiempos de Maricastaña; que nadie, hasta hoy, hubiera creído que eso represente desigualdad en el trato a los votantes; o que la verdadera desigualdad de trato está en esos aproximadamente 45.000 votos de Florida que han quedado sin contar. Sin embargo, esos mismos escrúpulos no les han llevado, como debería haber sucedido en buena lógica, a invalidar los recuentos manuales que, en estas mismas elecciones, se han llevado a cabo en Nuevo Méjico y en Tejas. Por cierto, en este último Estado, con una ley electoral promulgada por George W. Bush que sanciona los tortuosos procedimientos de determinación de la intención de los votantes que los jueces bushistas han considerado inconstitucionales en Florida. Finalmente, con nocturnidad, justo dos horas antes de que se cerrase el plazo de designación de compromisarios en el Colegio Electoral, han invocado la falta de tiempo para llevar a cabo el recuento en condiciones que la misma mayoría judicial bushista se había encargado de impedir con su decisión del 9 de diciembre, añadiendo así la injuria al agravio causado a los demócratas.

Ha sido, empero, el suyo un regalo envenenado. Lo ha sido para el presidente electo, cuya legitimidad es tan quebradiza como un pan de hostias. Lo ha sido para una de las grandes democracias, porque se ha puesto en entredicho que el mandato popular se base en que todos los votos cuentan. Lo ha sido para la propia Corte Suprema, pues, en frase del juez John Paul Stevens, el gran perdedor de esta batalla es "la confianza de la nación en que el juez es un guardián imparcial del imperio de la ley".

No hay victorias amargas, es verdad; pero sí triunfos ridículos. Las altas ocasiones suelen ser acicate para la épica. A la maltrecha credibilidad de la Corte Suprema y a la escasa legitimidad de Bush junior, por el contrario, difícilmente podrá acompañarles otra cosa que algún ripio del Tenorio, como aquel de "imposible la habéis dejado para vos y para mí".

Julio Aramberri es sociólogo y profesor en Drexel University, Filadelfia (Estados Unidos).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de diciembre de 2000

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