Inmigrantes: otra ley

Apenas un año ha durado la Ley de Extranjería aprobada en enero por todas las fuerzas parlamentarias salvo el partido del Gobierno. Ya entonces anticipó el PP la presentación de un proyecto alternativo, que materializó nada más obtener la mayoría absoluta en el nuevo Parlamento y cuyo texto acaba de aprobarse sin alcanzar el consenso en sus puntos más polémicos, relativos a los derechos de los inmigrantes sin papeles. La nueva ley, votada el jueves en el Senado y a falta sólo de su convalidación formal por el Congreso, nace con el apoyo exclusivo de su inspirador, el partido del Gobierno, y el de sus aliados parlamentarios, CiU y Coalición Canaria. El PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto han mantenido su rechazo, básicamente por la negativa del PP a reconocer a los inmigrantes indocumentados el ejercicio de los llamados derechos sociales: reunión, asociación, sindicación y huelga. En todo caso, una buena parte de su contenido responde a propuestas consensuadas con el principal partido de la oposición. Se trata, desde luego, de una ley distinta de la aún vigente, pero no en la medida que pretendía el Gobierno.

El grado de aproximación política alcanzado sobre la nueva Ley de Extranjería, salvo en los cuatro artículos sobre los inmigrantes indocumentados, plantea la duda de si era necesario este viaje y si no habría bastado, como algunos propusieron en su momento, una regulación reglamentaria de la ley vigente para amoldar sus efectos a la fluctuante dinámica del fenómeno migratorio. Se habría evitado aquella lamentable campaña sobre el "efecto llamada" o "ley coladero", con la que el Gobierno transmitió con gran demagogia a la sociedad una imagen de la inmigración como si se tratara de una plaga de Egipto. La nueva ley debería acabar al menos con tanta incertidumbre normativa en un asunto como el de la inmigración, que necesita de un tratamiento a medio y largo plazo basado en principios y criterios estables.

La cuestión de los derechos sociales de los inmigrantes sin papeles planea sobre la perdurabilidad de la nueva norma. El PSOE se ha comprometido a cambiar ese punto cuando llegue al Gobierno. Seguramente el resto de las fuerzas políticas le acompañarán en el empeño, pues ninguna, incluidas CiU y Coalición Canaria, comprende el triste empecinamiento del PP en una medida que recluye en una especie de limbo legal (reconocimiento de la titularidad del derecho, pero prohibición de ejercerlo bajo severas sanciones) a los inmigrantes indocumentados. La senadora popular Rosa Vindel ha afirmado que no pueden concederse esos derechos "a quienes voluntariamente se colocan al margen de la legalidad". El argumento no puede ser más endeble. Se trata, más bien, de personas que se hallan en esa situación en contra de su voluntad y que desean salir cuanto antes de ella, siempre que no se les pongan obstáculos insalvables en su camino.