El nuevo modelo jurídico de Correos dificultará una eventual privatización

Correos y Telégrafos volverá a cambiar su estatuto jurídico apenas dos años después de la anterior modificación, para adoptar ahora la fórmula de sociedad estatal. Las principales consecuencias de esta transformación serán la de dificultar una eventual privatización, que deberá contar con la aprobación expresa del Parlamento, permitir aportaciones adicionales del Estado al margen de los Presupuestos Generales y una mayor flexibilidad en la política de precios para facilitar la competencia.

Enmiendas en el Senado

El actual modelo societario de Correos como entidad pública empresarial data de febrero de 1998, cuando el Consejo de Ministros aprobó la desaparición del antiguo organismo autónomo. Entonces, el Ministerio de Fomento, que ocupaba Rafael Arias-Salgado, justificó el cambio en la mejora de la eficacia y productividad del servicio y para permitir su adaptación a un mercado con una competencia cada vez más intensa, unos argumentos muy similares a los aducidos para la nueva transformación.Tras la modificación auspiciada por el Partido Popular, Correos podrá aumentar su capacidad de endeudamiento y recibir aportaciones adicionales del Estado al margen de los Presupuestos Generales del Estado, mediante fórmulas como la ampliación de capital. Esta facilidad se plasmará ya el próximo año, puesto que se ha incluido a última hora una inyección de fondos de 7.000 millones de pesetas, que eleva la aportación del Estado para 2001 a 24.000 millones, un 38% más que el año anterior.

Estos fondos adicionales se destinarán a inversiones del plan de modernización, aunque el anterior plan estratégico 1998-2000 preveía la completa desaparición de la subvención de explotación con cargo al Estado al final de su vigencia.

El cambio estatutario, que se deberá concretar en seis meses, se ha realizado mediante la introducción en el Senado de una batería de enmiendas en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado, en las que ha participado, además del Grupo Popular, Izquierda Unida y Bloque Nacionalista Galego, y en las que se han tenido en cuenta las propuestas de los sindicatos. Gracias a ellas, se ha asegurado el mantenimiento de los derechos laborales de los 64.000 empleados de Correos y, en particular, la de los 44.000 funcionarios que seguirán manteniendo esa condición tras su transpaso a la sociedad estatal.

No obstante, la principal exigencia sindical, recogida en las enmiendas de IU y BNG, que ha propiciado el consenso con el proyecto original del PP, ha sido el mantenimiento expreso de la titularidad pública del capital social, de forma que cualquier decisión sobre una eventual privatización necesite la autorización previa del Parlamento.

Asimismo, la sociedad estatal tendrá un régimen de precios más flexibles, que le permitirá ofrecer descuentos sin límite en los servicios liberalizados. El nuevo modelo ha sido recibido de forma diferente por por los sindicatos. CC OO y CSIF lo consideran un "mal menor", mientras que UGT calificó la reforma de "innecesaria, precipitada y confusa".