El Tribunal de Cuentas empieza a fiscalizar la 'era Gil' en Estepona

El Tribunal de Cuentas comenzó ayer la fiscalización del Ayuntamiento de Estepona y las sociedades municipales entre los años 1995 y 1999, correspondientes a la etapa de Jesús Gil Marín al frente de la alcaldía de la localidad. La medida se produce después de que la comisión mixta Congreso-Senado aprobase por unanimidad en noviembre del año pasado una moción del entonces senador socialista, Francisco Zamorano, para que se investigasen las cuentas de los cuatro años de gobierno del GIL en la localidad.

Los auditores del máximo órgano fiscalizador se reunieron ayer con el alcalde, el socialista Antonio Caba, el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, el interventor y el secretario municipales para fijar una agenda de trabajo de cara al examen de las cuentas de la era GIL. Los tres inspectores solicitaron la documentación relativa a las cuentas generales de 1997 y 1998, así como las auditorías realizadas por el gobierno cuatripartito, formado por PSOE, PP, IU y PA, poco después de sustituir a Gil Marín al frente del consistorio, y el informe de la intervención general. En este último se denunciaba la existencia de "graves irregularidades" en la gestión de las doce empresas públicas Estepona XXI creadas durante el mandato del hijo de Gil y Gil, entre otras el cobro por parte de ediles del Grupo Independiente Liberal de 200 millones por asistir a comisiones inexistentes. En esta toma de contacto, el equipo de gobierno hizo un repaso a la situación financiera del municipio durante y después del GIL. Los auditores se reunieron también con el liquidador de las sociedades Estepona XXI, cuya información figura ya en la Agencia Tributaria, que ha procedido a la inspección de las empresas y de las cantidades percibidas por los ediles gilistas.

El Tribunal de Cuentas remitirá el martes una carta a los responsables municipales con una petición formal de la documentación que necesitan para proceder a su análisis. El Ayuntamiento se ha comprometido a facilitar a los inspectores todos los soportes documentales que requieran y los medios necesarios para su labor fiscalizadora. Zamorano actuará como coordinador entre el Ayuntamiento y el Tribunal de Cuentas durante el tiempo que dure la auditoría, que se iniciará en enero con el traslado de un equipo de siete personas a Estepona. Desde el grupo GIL aseguran que están tranquilos porque las cuentas están perfectamente auditadas.

Por otra parte, el PSOE de Marbella ha interpuesto un recurso ante el Tribunal de Cuentas para que se pronuncie sobre la validez o no de las alegaciones presentadas por Jesús Gil al informe provisional sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella entre los años 1990-1999, en el que se refleja la existencia de 64.000 millones de pesetas de gastos sin justificar.