Política universitaria clientelar FRANCESC DE CARRERAS
Por noticias de prensa nos vamos enterando, con cuentagotas, de ciertas corruptelas o determinados errores políticos que van desmitificando el discurso triunfalista del Gobierno de la Generalitat durante los últimos 20 años. Los fraudes en ayudas de la Comunidad Europea y los 200 municipios con el agua contaminada por los purines de las granjas de cerdos forman parte del capítulo de las corruptelas. La práctica desaparición de la industria del cine y la pérdida de peso de la industria editorial son errores políticos debidos al fundamentalismo nacionalista.Una noticia aparecida estos días en la prensa pone de relieve otra de las características de los sucesivos gobiernos de Pujol: el clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? El profesor Jiménez de Parga -hoy magistrado del Tribunal Constitucional- nos lo enseñaba en sus clases de Derecho Político. Es aquella forma de gobernar mediante la cual se toman decisiones políticas no en virtud de los intereses de la mayoría, sino simplemente para satisfacer a unos pocos grupos de interés. En estos casos, los poderes públicos adoptan formalmente decisiones que en realidad han sido previamente acordadas por los más diversos grupos de presión y responden a intereses particulares que no resistirían el menor debate público. Se gobierna, en realidad, desde los pasillos del poder mediante secretas influencias.
Se invierte así el orden lógico de un proceso político democrático: analizar desde los poderes públicos las necesidades de la sociedad e intentar ponerles remedio adoptando líneas de actuación política, debatidas públicamente en el Parlamento, que respondan a los intereses de la mayoría. Una tal racionalidad política, sin embargo, es escasamente practicada por el Gobierno de la Generalitat y ello es debido, en buena parte, a que tampoco es exigida por la oposición. De ahí nacen los escándalos de corrupción y también los errores políticos.
La noticia que queremos comentar es la insuficiencia de titulados en telecomunicaciones y en informática que se licencian en las universidades catalanas. El mercado de trabajo necesita a estos profesionales, y los estudiantes reclaman plazas que la Universidad no puede atender, mientras que sobran otras en licenciaturas con mucha menor demanda y que apenas responden a necesidad social alguna. Las cifras hablan por sí solas: entre 1994 y 1998, las universidades catalanas graduaron a 2.200 titulados superiores en informática y telecomunicaciones, y en el mismo periodo, el número de profesionales en el mercado de trabajo de este sector pasó de 20.300 a 46.200. La ingeniería de telecomunicaciones sólo ofrece en Cataluña 450 plazas anuales, y 2.487 las ingenierías en informática. Las universidades de Madrid -que también producen insuficientes profesionales en este campo- multiplican por dos, sin embargo, estas cifras de estudiantes. Esta lamentable situación es debida a la mala política universitaria del Gobierno de la Generalitat.
Las universidades catalanas fueron traspasadas por el Estado a la Generalitat en la segunda mitad de los años ochenta. Era el momento de efectuar una planificación general de los estudios universitarios adaptada a la realidad de los centros entonces existentes, al descenso de la curva demográfica y a las nuevas necesidades sociales. En lugar de todo ello, la política de la Generalitat fue producto de la influencia de dos grupos de presión muy determinados. Por un lado, el grupo de presión configurado por intereses corporativos universitarios que multiplicaron el número de carreras y facultades a los solos efectos de crear plazas y consolidarse profesionalmente, sin ninguna atención a las necesidades sociales. Por otro lado, los grupos de presión locales, encabezados a menudo por los propios alcaldes, encuentran en la creación de universidades una ocasión para contentar a las mesocracias de su ciudad y, además, aprovechan la ocasión para obtener inversiones en urbanismo. Que ambos grupos presionaran es, en cierta manera, comprensible, pero el poder político existe precisamente para arbitrar estas situaciones imponiendo soluciones que se correspondan con los intereses de la mayoría. La política universitaria catalana respondió, sin embargo, a los intereses de estos grupos, no a los intereses públicos.
En el momento del traspaso de las universidades, la Generalitat dudó entre una doble posibilidad: hacer una nueva universidad fuerte en el área de Barcelona -en ello coincidían con los intereses corporativos universitarios- o bien crear nuevas universidades en las otras tres capitales de provincia, objetivo de los grupos de presión locales. La solución salomónica, muy pujoliana, fue intentar satisfacer a todos: crear la Pompeu Fabra en Barcelona y, a la vez, universidades en las otras tres capitales. Después, además, se han creado universidades privadas financiadas con fondos públicos -Universitat Oberta y Vic- y dos universitades netamente privadas -la Ramon Llull y la Internacional.
El grave error ha tenido una triple consecuencia. En primer lugar, obviamente, no hay dinero suficiente para atender sus necesidades y ello, además, ha repercutido en las universidades ya consolidadas, la de Barcelona, la Autónoma y la Politécnica. En segundo lugar, se han duplicado carreras y titulaciones, sin atender a las necesidades realmente existentes. Derecho, ciencias económicas, humanidades, filologías de todo tipo, ciencias políticas y periodismo, entre otras, se han multiplicado innecesariamente. Ninguna de las facultades de la Pompeu Fabra hacía falta, muy probablemente, en el sistema universitario catalán. En tercer lugar, necesidades reales -como es el caso flagrante de telecomunicaciones e informática- no han sido atendidas. En definitiva, los intereses político-electorales-clientelares primaron por encima de la racionalidad y el interés público. A pesar de ello, hay bastantes facultades, departamentos y equipos de investigación excelentes.
Dentro de unos días, Jordi Pujol, en su habitual sermón de fin de año retransmitido por TV-3, otra vez nos dirá, en frase bastante cursi, que su Gobierno tiene como objetivo que Cataluña sea un "país de calidad". Por favor, no le crean.
Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB
