Florida desafía al poder judicial al designar a sus 25 compromisarios favorables a Bush
La Cámara baja del Legislativo de Florida, de mayoría republicana, designó ayer a los 25 compromisarios que supuestamente representarán a este Estado en la reunión que el Colegio Electoral celebrará el lunes. De esa manera, George Bush obtendría la mayoría en ese organismo, que otorga la presidencia del país. La Cámara activó así la llamada "póliza de seguros de George Bush" por 79 votos frente a 41. El Senado, controlado también por los republicanos, tiene previsto hacerlo hoy. Pero las demás opciones quedaban abiertas: una posible reanudación de los recuentos o el nombramiento de un segundo grupo de compromisarios. Todo dependía del dictamen de la Corte Suprema federal.
Irónicamente, el Legislativo de Florida está interviniendo para corregir sus propias lagunas legales. Fue esa rama del poder la que al aprobar las leyes electorales del Estado no estableció un sistema uniforme para realizar los recuentos manuales que son el eje de la disputa electoral. A pesar de su determinación para garantizarle los compromisarios a su correligionario Bush, los propios parlamentarios republicanos ayer esperaron hasta última hora una decisión del Supremo para poder echar marcha atrás y salvar en el futuro sus pellejos políticos. "No sólo es una patata caliente, es una patata caliente radioactiva. Todos los políticos quisiéramos evitar un voto tan difícil", dijo Tom Feeney, el presidente de la Cámara que patrocinó la controvertida resolución pro Bush.Durante el debate, dentro y fuera del Capitolio, los ciudadanos les recordaban a los republicanos que en sólo dos años se enfrentan a la reelección de sus cargos y será el momento de pasarles la factura. "Tienen el poder de aplastar la democracia, y confieso que tengo miedo de ellos. Mi único poder es respoderles en las próximas elecciones, si para entonces vive la democracia", decía Annita Lang, una anciana afroamericana del condado de Apalachia.
Feeney confirmó desde un primer momento que a menos que los magistrados de la más alta instancia judicial del país les prohibieran actuar, ellos seguirían adelante con su plan invocando "el poder y la responsabilidad" que les otorga el artículo segundo de la Constitución norteamericana (poder que está en discusión y que se espera que el Tribunal Supremo aclare de una vez por todas). Los parlamentarios demócratas calificaron la sesión de "un nuevo y peligroso intento de cortocicuitar el orden constitucional".
Los republicanos apoyaron además su tesis en que los seis millones de votos que se emitieron en Florida el pasado 7 de noviembre quedarían sin representación si la batalla se alarga en los juzgados. Algo que para sus homólogos demócratas es una pura excusa para nombrar a los compromisarios favorables a Bush. Ayer durante el debate de más de cinco horas los demócratas imploraron infructuosamente al bando contrario para que dejaran decidir al Tribunal Supremo federal. "Sean pacientes y respeten el proceso, no lo cortocircuiten", pedía la parlamentaria Sally Heyman.
Uno de sus colegas demócratas fue mucho más lejos en sus críticas. "Es un golpe de Estado legislativo", afirmó Philip Brutus, parlamentario haitiano de Miami. "Mis conciudadanos vinieron a este país para tener elecciones limpias, no para que se excluyeran sus votos".
Entre los múltiples escenarios de pesadilla, cabe la posibilidad de que los legisladores demócratas de Florida cumplan su amenaza de llevar a sus colegas republicanos ante la justicia si el Senado aprueba hoy la "póliza de seguro electoral" de Bush. La escisión que eso crearía en el seno del poder legislativo es pequeña comparada con la crisis que se desencadenaría si los republicanos -con sus 102 escaños de los 160- desafiaran un posible dictamen del Supremo a favor de los recuentos, posibilidad que no descartan.
A pesar de esa mayoría, tras las bambalinas del Capitolio de Tallahassee se ha estado jugando al comercio de votos en la última semana. Los republicanos han intentado desesperadamente captar desertores demócratas para paliar el daño político que les causaría una votación polarizada a lo largo de los lindes partidistas. Ayer sólo habían conseguido uno.
Aun si ambas cámaras aprobaran el nombramiento a los 25 compromisarios de Bush, dejarían un cabo suelto. Al no ser una ley per se sino una resolución, expresa sólo "el deseo de los legisladores" pero no tiene el poder vinculante de una ley. Y por otra parte, al no haber presentado a los compromisarios en el plazo del 12 de diciembre, el Congreso de la nación no tiene la obligación legal de aceptarlos.
