Gil suspende y expedienta al interventor de Marbella por ayudar a la oposición

Jesús Gil cumplió ayer sus amenazas. El alcalde de Marbella suspendió de empleo y sueldo y expedientó al interventor municipal, Juan Antonio Castro, al que acusa de "deslealtad, falta de confianza y actuaciones maliciosas", así como de "presentar 38 cargos falsos" para evitar su imputación en el caso camisetas, por el que el regidor marbellí está condenado a 28 años de inhabilitación. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Marbella criticaron la medida. El funcionario ya ha anunciado que recurrirá por la vía contencioso administrativa. Castro recibió la notificación de su suspensión ayer, día en el que debía incorporarse a su puesto después de una baja por enfermedad. Fue una jornada llena de anécdotas. Nada más llegar al Ayuntamiento, se le comunicó que la medida disciplinaria le sería transmitida oficialmente esa misma mañana. A los pocos minutos, otro funcionario trató de registrarle, a lo que éste se negó no sin antes advertir a su compañero de que el único capacitado para ello era un policía nacional por orden de un juez.

La notificación oficial llegó seis horas después en forma de decreto, que firmó el primer teniente de alcalde, Julián Muñoz. Los argumentos esgrimidos son la deslealtad y un descuadre de varios miles de millones de pesetas en sus cuentas. Según el decreto, Castro permanecerá suspendido de empleo y sueldo de forma provisional durante los próximos seis meses mientras se abre un expediente, del que se ha nombrado instructor al concejal de Personal, José Luis Fernández Garrosa.

Julián Muñoz no explicó su resolución, y se limitó a defender el carácter "absolutamente escrupuloso" del expediente incoado; mientras que el asesor municipal, José María del Nido, explicó que el interventor había "dañado los intereses del Ayuntamiento al entregar un informe erróneo". También Jesús Gil se justificó: "No se puede tener a un individuo inventando noticias a favor de la oposición".

La portavoz del PSOE, Isabel García Marcos, ya anticipó el pasado miércoles la pretensión de Gil de destituir al interventor y utilizarle como "cabeza de turco" en relación con los resultados del informe provisional del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del consistorio marbellí y las sociedades públicas, entre los años 1990 y 1999, que arroja 64.000 millones de pesetas de gastos públicos sin justificar.