Rencores mezquinos

El indulto a Gómez de Liaño, expulsado de la carrera judicial por un delito continuado de prevaricación, en ejecución de la pena impuesta por el Tribunal Supremo, ha generado agrias polémicas en la prensa respecto a la procedencia y alcance de esa medida de gracia. El Gobierno, que todavía no ha publicado el decreto correspondiente, ha intervenido en la discusión con despectivas manifestaciones respecto a quienes se oponen a él, afirmando, nada menos, que son mezquinos y sirven a rencores ajenos.Ignoramos, desde luego, si ese calificativo, empleado intemperantemente por el propio José María Aznar, estaba dirigido a los magistrados del alto tribunal que informaron contra cualquier medida de gracia o sólo a los portavoces de Jueces para la Democracia, los numerosos profesores de derecho constitucional y los editorialistas -entre ellos, los de este periódico- que han señalado la improcedencia e imposibilidad jurídica de que el Gobierno restituya en la carrera judicial a quien ha sido expulsado de ella por sentencia firme.

Los diarios Abc y El Mundo, que, de un tiempo a esta parte, pugnan por el liderazgo en la carrera de adulaciones a La Moncloa, han puesto en marcha una verdadera máquina de confundir a la opinión pública para tratar de demostrar lo indemostrable: que el otrora juez Gómez de Liaño nunca fue expulsado de la carrera -contra lo que esos mismos diarios informaron en su día-. Naturalmente que lo fue, y es evidente que el Gobierno no respeta la independencia de poderes y se burla de la magistratura, y hasta del sentido común, tratando de imponer su voluntad en este caso.

Pero, cuestiones jurídicas aparte, lo que Aznar pretende, ni más ni menos, es que los ciudadanos españoles puedan volver a ser juzgados por alguien que causó baja como juez, precisamente por ser un delincuente. Y no cualquier delincuente: un juez prevaricador, dispuesto a tomar a sabiendas resoluciones judiciales injustas. Esto sucederá si el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial no asumen con coherencia sus decisiones pasadas y no defienden con firmeza sus atribuciones constitucionales. Para otro día queda la pregunta sobre cuáles son los motivos -razones, como tales, no puede haberlas- de que el Gobierno cometa semejante desafuero, aunque vaya por delante nuestra impresión de que este Gabinete de la mayoría absoluta se muestra enormemente receptivo al chantaje y la amenaza de sus bufones mediáticos y sumamente agradecido a la obediencia al líder.

Hoy, simplemente, nos queremos referir a la opinión presidencial de que quienes se oponen al indulto sirven al rencor, cuando en realidad defienden la justicia. Donde el rencor se adivina es en la propia actitud prevaricadora de Gómez de Liaño y en quienes le azuzaron para que la tomara. El rencor, precisamente, el resentimiento, la envidia, la venganza y el abuso de poder se manifestaron en la instrucción del llamado caso Sogecable, con el que se quiso castigar ejemplarmente toda disidencia respecto al mando. No hay rencor en quien demanda justa reparación (los querellantes contra Liaño no presentaron las reclamaciones económicas pertinentes, a lo que eran animados en la propia sentencia, pese a que sufrieron cuantiosos y cuantificables daños en su imagen y prestigio, y en la de las empresas que regían).

Por lo demás, tampoco distinguimos generosidad alguna, sino más bien un atropello, en una medida de gracia que pretende vulnerar los principios del Estado de derecho para beneficiar a los leales. Porque, a la postre, ¿qué será más mezquino: tratar de evitar que nadie, nunca más, tenga que someterse al juicio prevaricador de este esperpéntico Gómez de Liaño o imponerlo al trágala, desde el poder político, en los tribunales, a fin de pagar favores prestados? El señor presidente, que ha estimado oportuno descender a estas simas del lenguaje, tiene la respuesta.