Malestar en el Supremo por las presiones que tratan de arropar el reingreso del ex juez prevaricador
Magistrados del Tribunal Supremo expresaron ayer su malestar por la "presión y amenazas" sobre la Sala de lo Penal que tiene que aplicar el indulto al ex juez Javier Gómez de Liaño, procedentes de los sectores mediáticos próximos al Gobierno. Las mismas fuentes expresaron su impresión de que el Ejecutivo "no encontrará tiempo" para publicar el decreto de indulto en el BOE antes de la jubilación del magistrado Gregorio García Ancos, quien presidió el tribunal que condenó a Liaño por delito continuado de prevaricación en llamado caso Sogecable.Gregorio García Ancos se jubila el próximo martes 12, lo que le impedirá estar en el tribunal que estudie la aplicación del indulto. Además, García Ancos tendrá que dejar la instrucción del caso Piqué, en el que se investiga la presunta responsabilidad del ministro de Asuntos Exteriores en las supuestas comisiones irregulares por la venta de Ercros a Ertoil. Esta circunstancia fue valorada hace meses por sectores jurídicos y políticos como determinante para que el Ejecutivo ralentizase hasta finales de este mes la entrada en vigor de la ley que retrasa la edad de jubilación de jueces y magistrados de los 70 a 72 años.
Así, además de quitarse de en medio al magistrado instructor del caso Piqué, se evita que el magistrado García Ancos, en cuanto ponente de la sentencia que condenó al ex juez prevaricador, pueda emitir cualquier pronunciamiento relativo al indulto.
El sustituto de García Ancos en el tribunal sentenciador del caso Liaño puede ser el presidente de la Sala Penal, Luis Román Puerta, o el magistrado Carlos Granados, según se siga un orden ascendente o descendente para la sustitución.
Como instructor del caso Piqué, García Ancos será sustituido previsiblemente por el conservador Joaquín Delgado, el magistrado encargado de la ponencia del caso Marey en el que resultaron condenados el ex ministro José Barrionuevo, el secretario de Estado Rafael Vera y otros ex altos cargos y ex policías de la lucha antiterrorista.
Con este clima de fondo, el tribunal encargado de la aplicación del indulto sigue sin conocer el contenido exacto del real decreto que perdona a Gómez de Liaño y que incluye su reingreso en la carrera judicial.
Descartado en principio que Liaño, en cuanto legítimo interesado, recurra su propio indulto, las asociaciones de jueces y fiscales progresistas aguardan también a conocer el contenido del real decreto para intentar, en su caso, un recurso contencioso no contra el indulto de la pena de inhabilitación, sino contra la orden de reingreso en la carrera, que entienden puede vulnerar al menos tres artículos de la ley de indulto por aplicarse a una pena ya ejecutada, por no existir informe favorable del tribunal sentenciador y por no existir arrepentimiento del condenado.
