Sólo el caso de Seminola mantiene viva la esperanza del vicepresidente

Hoy comienzan dos juicios en los que Al Gore tiene discretamente depositadas sus esperanzas si el Supremo de Florida falla en su contra. No son querellas interpuestas por él ni por el partido demócrata, sino por ciudadanos de los condados de Seminola y Martin, en las que acusan al partido republicano de alterar ilegalmente miles de solicitudes de voto por correo y piden que se desechen casi 25.000 sufragios. Si los jueces lo aceptan, Gore vencería automáticamente a Bush por más de 4.000 votos.Los demócratas no han demostrado abiertamente interés en ambas demandas, porque son contrarias al argumento central de su batalla legal de que se cuenten "todos" los votos. Pero Gore declaró ayer que le parece "injusto que a los republicanos se les permitiera corregir cientos o miles de papeletas, mientras que a los demócratas ni siquiera les permitieron acceder a las listas de los potenciales errores". El vicepresidente cree que este tema acabará también en el Supremo de Florida. Los republicanos públicamente le restan importancia, pero tienen la artillería jurídica dispuesta, conscientes de que ahí puede haber una sorpresa.

Los casos están en manos de dos magistrados demócratas, la juez Nikki Clark y el juez Terry Lewis. Los republicanos han tratado de recusar a Clark alegando que tiene prejuicios porque Jeb Bush, gobernador de Florida y hermano del candidato, le denegó recientemente un ascenso. Ella se ha negado a inhibirse.

Miles de solicitudes

Antes de las elecciones, las juntas electorales de Seminola y Martin habían desechado miles de solicitudes de papeletas por correo, hechas por ciudadanos con afiliación republicana, porque carecían del número de identificación del votante. Cuando el partido republicano se dio cuenta pidió que les dejaran modificarlas. La jefa de la junta de Seminola, la republicana Sandra Goard, les dejó durante 10 días su oficina para que las cambiaran; y la jefa del condado de Martin, la también republicana Peggy Robins, incluso les permitió que se las llevaran a casa. Gracias a esas alteraciones George Bush obtuvo una ganancia neta de 7.612 votos en esos dos condados.Irónicamente, una ley aprobada por los republicanos hace dos años para evitar el fraude en las urnas sólo permite que sea "el propio votante, uno de sus familiares o un apoderado legal" los que cambien datos en la papeleta.

"Cuando les interesa se atienen a la ley, como cuando descartaron los votos de Palm Beach porque se presentaron dos horas fuera de plazo, pero en este caso no quieren respetar la ley", se quejaba ayer el abogado H. T. Smith, independiente. Además de estas demandas quedan pendientes otras cuatro. Dos entabladas por Bush contra los recuentos manuales y a favor de que se cuenten votos por correo militares que llegaron fuera de plazo o sin firma. Y otras dos de ciudadanos que piden la exclusión de los recuentos y que se anulen todas las papeletas por correo de Florida.