El Gobierno asegura que ha investigado la venta de grilletes a Ruanda

El Gobierno, a través de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), ha abierto una investigación sobre la presunta venta de grilletes fabricados por la empresa vasca Larrañaga y Elorza S. A. a Ruanda, según la respuesta al coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, difundida ayer por Europa Press.Aludiendo a la información publicada el pasado 2 de octubre por EL PAÍS, el Gobierno asegura que, "ante la gravedad de las acusaciones", la secretaría de la JIMDDU ha abierto una investigación para aclarar los hechos y delimitar posibles responsabilidades. En concreto, dicho organismo se puso en contacto con la citada empresa, que negó haber exportado los grilletes a Ruanda y alegó que "simplemente" había respondido a una petición de su agente en el Reino Unido sin conocer el destino final del pedido.

En su respuesta, el Ejecutivo agrega que, "una vez aclarado" el suceso, la empresa fue informada de que la exportación de dispositivos restrictivos del movimiento de los seres humanos está controlada por un real decreto, por lo que el pasado 13 de octubre Larrañaga y Elorza pidió su inscripción en el Registro Especial de Exportadores de Material de Defensa y Doble Uso.

Finalmente, el Gobierno asegura mantener una "inequívoca" postura de firmeza en el control de las exportaciones de material policial y de seguridad y recuerda que España se adelantó al resto de los países de la Unión Europea en su regulación.

Sin embargo, en su respuesta a Llamazares, el Ejecutivo no aclara si ha abierto un expediente sancionador a la empresa vasca ya que, al margen del caso de Ruanda, sometida a embargo internacional tras el genocidio de 1994, Larrañaga y Elorza reconoce que exporta a más de 50 países, sin haber solicitado nunca la correspondiente licencia ni estar inscrita hasta ahora en el registro de exportadores, pese a que es preceptivo legalmente.

Amnistía Internacional ha denunciado que algunos de los productos de esta firma, como los grilletes para pies y cadenas para la cintura, son vejatorios y degradantes y vulneran las Reglas Mínimas sobre Protección de Personas Sometidas a Detención o Prisión, aprobadas por Naciones Unidas. De hecho, este tipo de utensilios, aunque se exportan, no son utilizados en España ni por los funcionarios de prisiones ni por las Fuerzas de Seguridad.