Versión habitual

La versión oficial sobre la muerte de un inmigrante indocumentado por el disparo de un guardia civil en las costas de Tarifa es la habitual en los casos de incidentes luctuosos en los que se ven envueltos miembros de las fuerzas de seguridad: un disparo accidental durante un forcejeo con la víctima. No hay que desecharla sin más, pero tampoco hay que darla por definitiva. La experiencia enseña que esta fórmula de elusión de responsabilidades, inveterada en cualquier policía al margen de regímenes políticos y de gobiernos, no responde en muchos casos a la realidad de los hechos tras ser sometidos a una investigación judicial.Habrá que esperar, pues, a que la justicia investigue a fondo. La versión oficial no abunda en detalles. ¿Se produjo esa muerte tras una agresión percibida por el agente como de riesgo para su vida, obligándole a hacer uso de su arma reglamentaria en defensa propia? Es difícil imaginar otro escenario que ampare legalmente la muerte del inmigrante, incluso si intentó escapar al control policial. Es una cuestión de responsabilidad penal que sólo a la justicia corresponde dilucidar. Pero siempre que sucede un hecho de esta naturaleza surgen interrogantes inevitables sobre los métodos de actuación policiales. En este caso, sobre los métodos y los medios que emplea la Guardia Civil en su tarea de control de fronteras, que en el caso de los inmigrantes ha alcanzado una magnitud insospechada. Son interrogantes que debe aclarar el ministro del Interior ante el Parlamento. Y aunque el PSOE no hubiera solicitado su comparecencia en el Congreso, Mayor Oreja debe darse prisa en aclarar lo sucedido y explicar la política del Gobierno, si es que la tiene, ante la constante avalancha de inmigrantes en las fronteras del sur.

La muerte del inmigrante constituye, sin duda, un hecho aislado. Huelga, por tanto, la defensa apresurada que el ministro del Interior ha hecho de la labor humanitaria de la Guardia Civil, aireando que en los últimos cuatro años ha realizado más de 300 rescates y prestado auxilio a unos 1.800 inmigrantes en dificultades. Esa muerte no cuestiona la labor humanitaria de la Guardia Civil, sino más bien la insuficiencia de medios y la ausencia de directrices precisas sobre cómo actuar ante el reto de una inmigración masiva cada vez más difícil de contener en las fronteras. Es el Gobierno quien debe reflexionar, y mucho, con motivo de esa muerte.