Vocales del Poder Judicial estudian plantear conflicto constitucional por el indulto a Liaño

Varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudian la posibilidad de plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias por haber invadido el Ejecutivo atribuciones que corresponden al órgano de gobierno de los jueces en el indulto al juez condenado por prevaricación Javier Gómez de Liaño. Uno de los vocales propuestos en su día por el PSOE, Javier Moscoso, explicó ayer a este periódico que si el decreto de indulto confirma lo adelantado por el ministro de Justicia, Ángel Acebes, "el Gobierno ha invadido competencias del CGPJ".

Tanto Moscoso como otros vocales del CGPJ -que pidieron que se omitiera su identidad- manifestaron que las eventuales iniciativas dependerán del contenido del decreto de indulto que, según uno de ellos, podría originar una querella por prevaricación contra el Gobierno, si se confirma que el acuerdo del Ejecutivo es contrario a la ley.En cuanto al posible planteamiento ante el Constitucional de un conflicto de competencias con el Gobierno, varios de los vocales propuestos por partidos de izquierda estiman que, en caso de que el decreto de indulto de Gómez de Liaño muestre que el Ejecutivo asume competencias atribuidas por la Constitución y las leyes al Poder Judicial o a su órgano de gobierno, es muy probable que en el seno del pleno del CGPJ se produzca una mayoría suficiente para plantear el conflicto, en defensa de las propias atribuciones del Consejo.

Entre las funciones que el artículo 122 de la Constitución atribuye al CGPJ respecto a los jueces y magistrados figuran las que le corresponden "en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario". De ahí que los vocales mencionados entiendan que si, una vez perdida su condición de magistrado, el Gobierno acuerda reintegrarle a la carrera judicial, incluso con la prohibición de que su destino sea la Audiencia Nacional, invade la función de nombramiento de jueces y magistrados que corresponde al CGPJ.

Órganos constitucionales

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que regula los conflictos de competencia de los órganos constitucionales "entre sí", establece que en el caso de que el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado o el CGPJ, "por acuerdo de sus respectivos plenos, estime que otro de dichos órganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren al primero", podrá plantear el conflicto. La sentencia del Tribunal Constitucional que resolverá el conflicto "determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones". La ley prevé también que el máximo intérprete de la Constitución "resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los mismos".

Existe al menos un precedente de planteamiento de conflicto constitucional por el CGPJ. El primer Consejo, que inició sus funciones en 1980 -presidido por Federico Carlos Sainz de Robles y del que formó parte como vocal el actual presidente, Javier Delgado Barrio-, planteó ante el Tribunal Constitucional conflicto de competencias contra el Congreso de los Diputados por la modificación legislativa del sistema de elección de los 12 vocales de origen judicial del órgano de gobierno de los jueces. En aquel caso, el conflicto no prosperó.

Los vocales del actual CGPJ que han consultado entre sí sobre las posibilidades de planteamiento del conflicto insisten en que todo depende de la redacción del decreto de indulto. En concreto, Moscoso estima que "cuesta creer que se pueda acordar una norma jurídica con el contenido que ha adelantado el ministro Acebes".

Moscoso entiende que, de confirmarse lo declarado, el Gobierno "atacaría la división de poderes, al asumir funciones que corresponden al CGPJ sobre nombramientos de jueces o sobre reintegración a la carrera judicial de jueces expulsados de ella". En opinión de Moscoso, el indulto no puede tener ese alcance, "como tampoco el de vetar al indultado el destino en la Audiencia Nacional", sino la extinción de la pena pendiente y, una vez ejecutado por el Supremo, "es el Consejo el que tiene que decidir".

Zapatero: "Maniobra Burda"

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ayer en Sevilla que es "insólito" que los indultos de un país los haga el Papa y calificó de "burda" la maniobra del Gobierno para restablecer en la judicatura a Gómez de Liaño, informa Isabel Pedrote. "Han mezclado la política con el derecho de gracia", declaró. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, calificó de "dictatorial" el indulto a un juez prevaricador.Por su parte, Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, arremetió ayer en Valencia contra el indulto multitudinario ordenado por el Gobierno del PP, al que calificó de "barbaridad jurídica", por considerarlo una maniobra para camuflar entre otros casos una salida política a una "lucha mediática y corporativa", en referencia al perdón otorgado a Gómez de Liaño, informa Federico Simón.

Llamazares, que asistió ayer en Valencia a la clausura de la VII Asamblea de Esquerra Unida del País Valencià, aseguró que el presidente del Gobierno, José María Aznar, "está confundiendo la mayoría absoluta con un gobierno absolutista" y le acusó de suplantar con esta medida al poder judicial, después de hacerlo con el legislativo, al gobernar "a base de decretos-ley".