El acusado del 'caso Natzaret' pide quedar libre hasta el juicio

El principal acusado por el asesinato de un camionero en diciembre de 1998 en Natzaret compareció ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos. Éste decidirá si José Muñoz, que ya ha cumplido dos años de prisión sin juicio, sale en libertad provisional hasta que se celebre la vista o si continúa en la cárcel, como solicitan las acusaciones particulares. Muñoz podría salir a la calle en diciembre si el juez considera que no hay riesgo de fuga.

El camionero Antonio Civantos murió linchado el 4 de diciembre de 1998 en una calle del barrio valenciano de Natzaret después de atropellar mortalmente y de forma accidental a un niño de 20 meses. La policía detuvo a José Muñoz y a su esposa Soledad Muñoz como supuestos autores de la muerte del camionero. Carmen Peris, letrada de la acusación particular, pidió ayer al juez que el acusado continuara en prisión ya que existe "un riesgo evidente de fuga así como la posibilidad que éste pueda obstruir la acción de la justicia". Peris recordó que la defensa había solicitado ya en numerosas ocasiones la libertad de Muñoz y que "ésta había sido denegada siempre por el juez". No obstante, el abogado Jaime Sanz de Bremond solicitó la excarcelación de su cliente aduciendo que era imposible que "éste escapara" y menos aún que "borrara ninguna prueba dado que la investigación está cerrada". Bremond señaló que "el hecho de que Muñoz estuviera encarcelado como presunto autor no implicaba su culpabilidad" y recordó que Soledad Muñoz estaba en libertad y sin que por ello hubiera dejado de comparecer las veces que se la ha requerido.

El abogado afirmó también que aún no tenía su calificación sobre los hechos al estar a la espera de unas pruebas periciales relacionadas con el acusado. Las acusaciones particulares, ejercidas por los letrados Enrique Lozano y Carmen Peris, solicitan entre 24 y 25 años de prisión para José Muñoz y su esposa como autores de un asesinato con alevosía y ensañamiento, y una indemnización de 50 millones de pesetas. El fiscal califica los hechos de delito de homicidio con agravante de superioridad, y atenuante de arrebato y obcecación, por lo que pide 12 años y seis meses de cárcel para los acusados.