Fomento utilizó criterios distintos para conceder la prórroga del peaje de la autopista A-4 a Aumar

El Ministerio de Fomento recurrió a criterios distintos en un mismo expediente para concederle a Aumar 13 años más de explotación de la autopista Sevilla-Cádiz (A-4), única de pago de la comunidad sin autovía alternativa gratuita. Así se desprende de los documentos remitidos por el Fomento a la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS), que tramita la demanda de la Diputación de Cádiz contra el acuerdo del Consejo de Ministros, que adoptó tal decisión el 31 de octubre de 1997. Para hallar la hipótesis de los costes financieros de la deuda de la concesionaria, así como para calcular la evolución de los gastos de explotación y las inversiones, Fomento recurrió a la evolución de los datos cerrados de los años anteriores, lo que denomina el Ministerio "secuencias históricas". En cambio, para calcular la evolución de los tráficos y los ingresos para 1997, lo hizo "en base a previsiones", según Diego Torres, abogado de la Diputación gaditana. El cálculo se hizo según "previsiones" y despreciando los datos ya cerrados sobre número de vehículos que utilizaron la autopista y de los ingresos de Aumar al 31 de diciembre de 1996,. "Si el Ministerio hubiera partido de los datos históricos, esto es, de la evolución de tráficos e ingresos en los últimos cinco o diez años, la concesión no hubiera podido prorrogarse [acababa en el 2006], pues la rebaja de tarifas se ha mostrado un instrumento por sí mismo suficiente para compensar la reducción de ingresos por vehículos atendiendo al incremento del número de turismos que utilizan la carretera", añade Torres.

Tras el acuerdo del Consejo de ministros, la explotación de la A-4 y de la A-7 (Tarragona-Valencia-Alicante) se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2.019.

Con los documentos remitidos por Fomento al TS se demuestra además que se incluyó en el orden del día del Consejo de Ministros del 31 de diciembre el expediente incompleto para la prórroga del peaje. La Ley de Autopistas obliga a que las modificaciones de la concesión vayan precedidas de un informe preceptivo del Ministerio de Economía y Hacienda. El consejo se convocó el 29 de octubre incluyendo el punto que afectaba Aumar. Sin embargo, la petición del informe preceptivo no entra en el registro de Economía hasta el día siguiente. Lo más llamativo es que ese mismo día, el 30, el subsecretario de Economía y Hacienda, Fernando Díez Moreno, contesta a Fomento que su departamento "informa favorablemente" a la prórroga. La respuesta de Economía no está "ni motivada ni argumentada ni fundamentada, como obliga la ley", explica Torres, que lo ha denunciado en el proceso judicial en curso. El abogado considera "muy llamativo" la celeridad y "el escaso rigor" con que se da luz verde a la prórroga.