Las tribulaciones de los salarios GERMÀ BEL
De un tiempo a esta parte las tribulaciones de los salarios crecen continuamente. Por vías diversas se ha ido erosionando el poder adquisitivo de las rentas salariales. Particularmente, de quienes tienen menor poder de negociación, como los trabajadores públicos, los perceptores de salarios o de rentas vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional, y en general, los asalariados del sector privado sin cláusula de revisión salarial.El aumento descontrolado de la inflación ha sido el factor principal de deterioro salarial. La previsión oficial para 1999, con la que se fijaron o se negociaron los aumentos salariales, fue del 1,8%, pero el año acabó con un IPC del 2,9%. El año 2000 está siendo peor. La previsión oficial de inflación fue del 2%. Sin embargo, ya hemos llegado a una tasa anual del 4%. La pérdida de poder adquisitivo es clara para todos los perceptores de rentas salariales que no se pueden defender de aumentos imprevistos de la inflación. Además de la erosión directa de los salarios reales, su deterioro se está produciendo también por otras vías. Quienes están pagando su vivienda han sufrido o sufrirán pronto revisiones al alza de las cuotas de sus créditos hipotecarios, por los sucesivos aumentos del tipo de interés.
Ante la evidencia de las pérdidas de los salarios, el Gobierno reivindica que los españoles ganaron poder adquisitivo con la reforma del IRPF para 1999. De hecho, para los contribuyentes con rentas bajas y medias, de entre dos y cinco millones, la renta disponible aumentó entre el 1 y el 2% con el nuevo IRPF. Las rentas más altas ganaron más: con 10 millones se tuvo un aumento del 7% en la renta disponible, y este porcentaje aumentó hasta el 18% para los contribuyentes mayores.
Sin embargo, cerca ya de 2001 se hace difícil sostener que la reforma del IRPF ha compensado a las rentas salariales y rentas medias en general. El año próximo los elementos básicos del IRPF (mínimo vital, deducciones, tarifa, etcétera) no se actualizarán con la inflación respecto de sus valores en 1999. Esto implica que, a efectos de IRPF, las rentas de 2001 se tratarán como si cada peseta tuviera el mismo poder adquisitivo que en 1999. Por tanto, la presión fiscal por IRPF aumentará en 2001 provocando una disminución adicional del poder adquisitivo.
Las consecuencias de esta decisión del Gobierno no son menores. Según cálculos de Expansión, un matrimonio con dos hijos que hubiera ganado 3,5 millones en 1999 y haya tenido aumentos salariales similares a la inflación pagará 58.213 pesetas más en el IRPF de 2001. En el caso de un matrimonio que hubiera ganado 6 millones en 1999, la cuota de IRPF en 2001 será de 146.772 pesetas más que en 1999. Sin embargo, el caso de las rentas del capital es diferente. En junio se redujo la tributación por plusvalías del 20% al 18%. Además, se mantienen tasas altas de aumento de los beneficios empresariales. Estas diferencias hacen que el reparto de los sacrificios para conseguir los objetivos de la política económica del Gobierno sean muy dispares, en perjuicio de las rentas salariales.
Ciertamente, las tribulaciones de los salarios no han dejado de crecer en los últimos años, y todo indica que seguirán creciendo. Estos antecedentes, junto con la falta de crédito del Gobierno al fijar la previsión de inflación para 2001 en el 2%, explican el enrarecimiento de la negociación colectiva.Esto es preocupante porque, aunque ha sido muy poco reconocido, la moderación salarial ha sido la pieza clave para mantener la continuidad de la expansión económica. Sin embargo, parece lógico que se haya agotado la paciencia ante las sucesivas pérdidas de poder adquisitivo y la desigualdad de los sacrificios exigidos.
Es sensata la idea de que no se debe filtrar al conjunto del tejido productivo el aumento extraordinario de la inflación causado por el precio del petróleo y la debilidad del euro. Por tanto, puede ser razonable que fijemos la atención en la evolución del IPC sin los productos energéticos. Vista así, la inflación anual está en el 3,2%. También ofrece buena referencia la inflación subyacente (que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, los elementos más volátiles del IPC), que ahora está en el 2,8%. Estas referencias no lograrían que los salarios recuperaran el poder adquisitivo perdido en los últimos años, pero permitirían evitar un nuevo deterioro en el próximo.
El Gobierno también debería poner de su parte, al menos, dos cosas. Primero, actualizar el IRPF con la inflación, para eliminar esta erosión adicional de las rentas salariales. Segundo, una modesta reducción del precio de los combustibles, como ha aprobado ya para el próximo marzo el Gobierno laborista británico. Todo esto se puede pagar de manera ortodoxa, teniendo en cuenta que el aumento imprevisto de la recaudación por IVA de los combustibles en España superará con amplitud los 100.000 millones, y que el aumento de beneficios de las compañías petroleras ha sido espectacular.
Es imprescindible una distribución más equitativa de los esfuerzos, porque la percepción de que los sacrificios se distribuyen injustamente puede hacer insoportables para muchos las crecientes tribulaciones de los salarios, y dar lugar a fenómenos de creciente descontento social.
Germà Bel es profesor de Política Económica de la UB y diputado del PSC.
