Los ecologistas ven un "engaño" en el consenso del vial Cabanes-Oropesa
![María Fabra](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ff32ea01f-8a17-4642-b59c-6f7d5689ddd4.png?auth=08bb75c1c2441b902e44c0965c98cd4542b2cc362c9bffd1b3a3ee4a64390915&width=100&height=100&smart=true)
Los ecologistas se sienten engañados por el Consell, que anunció que buscaría el consenso a la hora de ejecutar la carretera Cabanes-Oropesa. Seis días después de que la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Tranpostes (COPUT) se reuniera con miembros del Grupo de estudio y Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) para consensuar el trazado de la carretera, la Generalitat valenciana presentó un escrito a la Sección Tercera de la Audiencia de Castellón en el que pedía que se suspendiera la medida cautelar de paralización de las obras debido al "grave perjuicio económico" que suponía el no poder trabajar en el tramo de seis kilómetros que había sido paralizado por el juez.La Administración autonómica pedía que se mantuviera, únicamente, la paralización en 800 metros, que son los que afectaban directamente al paraje del Desert de Les Palmes, ya que dos pilares invadían una parte de este espacio.
La búsqueda del consenso a la que accedió la Generalitat se debió, fundamentalmente, a la presentación de una querella contra el director general de Obras Públicas, Pedro Marco, y el jefe de la Oficina del Plan de Carreteras, Josep Llin Belda, al considerar que existían indicios de un presunto delito ecológico. La querella fue ampliada contra el consejero, José Ramón García Antón, y el de Medio Ambiente, Fernando Modrego, por lo que el caso pasó al Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat Valenciana.
El abogado de GECEN, Héctor Hernández, se consideró ayer "engañado" por el Consell ya que, por un lado, propuso consensuar el trazado de la carretera y, por otro, pidió a la Audiencia la reanudación de las obras. Hernández señaló que tanto GECEN como el fiscal han recurrido la petición y explicó que legalmente no compete a la Sala resolver esa solicitud.
Además, los ecologistas han dado un plazo máximo de 72 horas a la administración autonómica para sentarse a negociar el trazado, según dijo Hernández, quien indicó: "De no obtener respuesta, vamos a instar a la Unión Europea a que agilice los trámites para paralizar esa carretera".
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