Del deber de intervenir en la vida pública

La federación provincial de padres de alumnos FAPA-Valencia, un año más, anima a las asociaciones federadas y a todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestra provincia a asistir a la manifestación que se celebra hoy en la ciudad de Valencia para exigir Més diners per l'Escola Pública y para demostrar el desacuerdo del movimiento de padres con la política educativa de la Generalitat. ¿Qué razones nos llevan a efectuar este llamamiento? Muchas, quizá demasiadas a estas alturas. Año tras año, las madres y padres que elegimos la escuela pública para educar a nuestras hijas e hijos vemos nuestros derechos mermados:1.-Los derechos de participación que nos otorga la ley.

2.-El derecho constitucional a recibir una enseñanza pública de calidad para todas y todos.

El Gobierno valenciano ha presentado un borrador de Presupuestos para el año 2001 que podemos calificar, sin temor a exagerar, de burla a la mayoría de ciudadanas y ciudadanos de este país (porque somos mayoría, pese a quien pese, quienes consideramos que la escuela pública es la mejor opción para la educación de nuestras hijas e hijos).

Nos reducen los presupuestos destinados a educación Primaria y Secundaria en más de 10.000 millones de pesetas, si atendemos tanto a la previsión de construcciones / adecuaciones de centros como a la dotación de medios y materiales necesarios en los centros públicos. Además, año tras año se repiten las dotaciones presupuestarias para centros que nunca se construyen.

En la Comunidad Valenciana, aún falta por construir más del 60% de centros para la correcta aplicación de la LOGSE. Las aulas prefabricadas proliferan como setas en el Pirineo (con el millonario alquiler que conllevan). Además, todas y todos sabemos lo difícil que nos resulta adscribir al alumnado racionalmente, y sin pegar cien patadas, a los IES. Es más, en la mayoría de poblaciones, no existen institutos y los estudiantes de 1º y 2º de ESO se encuentran hacinados en los colegios de primaria.

Sabemos que no se está teniendo en cuenta para nada la atención a la diferencia, algo indispensable en una sociedad plural y cada vez más multicultural.

A estas alturas de curso, muchos centros públicos todavía no disponen de todo el profesorado necesario por lo que el alumnado no puede recibir clases de tecnología, música, valenciano, plástica, etcétera.

Las sustituciones del profesorado por incapacidad laboral transitoria son caóticas y en muchos casos no se producen. Se destinan profesoras y profesores sin el requisito de capacitación lingüística a centros de línea en valenciano. Se nos dice que esta ley es un fracaso, cuando no se ha dotado de medios ni se ha desarrollado nunca.

Ante este ataque sostenido e incrementado año tras año, no podemos quedarnos parados: Tenemos que salir a la calle para recordar a nuestros gobernantes que son trabajadores eventuales a nuestro servicio y que no están ejerciendo su importantísima labor con responsabilidad. Debemos exigirles que no desvíen los dineros públicos a los negocios privados.

El Gobierno valenciano se equivoca. Su política educativa es nefasta para la Comunidad Valenciana. Estamos a la cola de España en la implantación de la LOGSE y ¡somos los primeros en fracaso escolar! Pero la responsabilidad no es únicamente de nuestros gobernantes: En un país democrático, todas y todos somos responsables de cómo nos vaya. Tenemos el derecho de intervenir en la vida pública y también el deber de hacerlo.

No asistir hoy a la manifestación es una irresponsabilidad que en este momento actual ningún ciudadano o ciudadana puede permitirse. En el caso de las madres y padres, todavía menos.

Carmen Molina es presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia y firma este artículo en representación de la junta directiva.