Partidos y sindicatos acusan a la Administración del PP de "politizar" la inspección educativa

La oposición y los sindicatos acusaron ayer al Gobierno Zaplana de "politizar" e "instrumentalizar" los servicios de inspección educativa, tras conocerse la vinculación de los 60 inspectores nombrados a dedo en los últimos cinco años con distintos cargos y familiares del PP. El grupo parlamentario de EU pedirá la comparecencia del consejero Manuel Tarancón en las Cortes y el Grupo Socialista se reúne hoy con la asociación progresista de inspectores ADIDE en busca de una iniciativa parlamentaria para "profesionalizar" el cuerpo. CC OO, UGT y STEPV exigen a Educación que congele la convocatoria de oposiciones "porque pretende consolidar los inspectores nombrados a dedo".

El director general de Personal, José Cano, rechazó la semana pasada las enmiendas de los sindicatos a la orden por la que se regula el concurso-oposición para acceder a 55 plazas de la inspección educativa por considerar que "son chorradas", según diversas fuentes que participaron en la mesa sectorial. Una de las referidas "chorradas" es precisamente la enmienda a la composición del tribunal prevista en la citada orden, por la que la Administración piensa designar a los cinco miembros. Un hecho insólito que no se reproduce en ninguna otra oposición. Frente a esta decisión, la asociación progresista de inspectores ADIDE tiene previsto entrevistarse hoy con el grupo parlamentario Socialista para analizar la situación y tratar de buscar una salida parlamentaria que contribuya a "profesionalizar" el servicio, según adelantó ayer el portavoz del PSPV, Baltasar Vives. Vives acusó a la Administración del PP de "politizar" la labor inspectora, "dado que el 53% de los 115 inspectores que hay ha sido nombrado a dedo por sus vinculaciones familiares, amistosas u orgánicas con el PP", como es el caso del hermano de la presidenta de las Cortes, Marcela Miró, o el de la sobrina de un director general de Educación, y la larga lista de concejales y ex dirigentes de los sindicatos más conservadores.

En esa dirección, el portavoz de EU, Ramon Cardona, aseguró que ha pedido tanto una interpelación parlamentaria como la comparecencia del consejero Tarancón para que explique cúal es el modelo de acceso a los servicios de inspección que quiere imponer, ya que "existen claras sospechas de que pretenden pagar favores a personas que no tienen la competencia pedagógica adecuada". Cardona cuestionó severamente la convocatoria de oposición por la que se busca "consolidar" el puesto de 55 de los inspectores nombrados digitalmente y la calificó de "ataque frontal a la columna vertebral del sistema educativo público, que es una inspección educativa al servicio del ciudadano, y no al servicio del control ideológico".

El portavoz recordó que, gracias al aparato creado en la pasada legislatura, el PP y UV trataron de "instrumentalizarlo" ideológicamente en la ya famosa iniciativa parlamentaria, en la que se instaba a la inspección a fiscalizar la labor del profesorado de valenciano y a penalizar el uso de catalanismos. También subrayó la falta de transparencia, cuando se destapó el escándalo de los polémicos conciertos con colegios de pago y vinculados al Opus, que siguieron cobrando por escolarizar en sus centros. La investigación se cerró en falso y los sindicatos nunca vieron los expedientes abiertos a El Vedat y el Guadalaviar.

CC OO subrayó ayer que pedirá que se reabra la negociación de un decreto consensuado que regule la función inspectora en sintonía con la reforma educativa y se elabore la plantilla de inspectores que requiere el nuevo mapa escolar, antes de convocar la oposición. El STEPV, por su parte, ha pedido la dimisión del director general de Personal por la decisión del martes pasado de cambiar de golpe y sin previo aviso el destino de los inspectores de Valencia.