La inflación pasa una factura billonaria

Si a un ministro de Trabajo se le valora por el número de empleos creados, al de Economía hay que juzgarle por sus éxitos en inflación. Y si no consigue doblegar los precios, al menos debe convencer de que pondrá todo su empeño. El pasado miércoles se conocía el resultado de la inflación de octubre, el 4%. Es el nivel más alto en los últimos cinco años y un problema que de pasajero ya no tiene nada.La inflación es la asignatura más importante y, si se suspende, pasa factura de forma inmediata. Este año, por ejemplo, el Gobierno estableció a principios del ejercicio un objetivo del 2% y todo lo que supere ese nivel tiene un elevado coste para los presupuestos públicos, las empresas, los asalariados y, de forma menos tangible pero más perversa, sobre la competitividad de la economía frente al exterior.

Que la inflación se desvíe respecto del objetivo inicial es grave porque afecta a algo más de la tercera parte del gasto público total. Esto siempre es así, pero el año próximo es especialmente importante por el equilibrio presupuestario que, llueva o truene, el Gobierno se ha propuesto alcanzar. Afecta a las pensiones (más de nueve billones de pesetas) y las transferencias a las comunidades autónomas (más de cuatro billones).

Al primero que le va a crujir el bolsillo es al ministro de Hacienda, que deberá disponer de unos 320.000 millones de pesetas el año próximo para pagar a los pensionistas por el error de cálculo en la inflación. A este colectivo se le subió un 2% en enero de ese año y recibirá una paga extra por la diferencia con respecto a la inflación que se haya alcanzado en noviembre (el dato se conocerá el próximo 14 de diciembre).

Respecto de la pensión media (78.100 pesetas mensuales), la compensación ascenderá a unas 19.000 pesetas. Esa cantidad se incorpora a la base para calcular el aumento del año 2001, fijado también en el 2%. Éste es el segundo año en que el Gobierno del PP se desvía del objetivo inicial de inflación y es también el segundo ejercicio en que debe arreglar después las cuentas con los 7,6 millones de pensionistas de la Seguridad Social.

En cuanto a la Sanidad, las comunidades con competencias (la mayoría) aumentan sus recursos cada año igual que el PIB nominal; es decir, el crecimiento económico previsto por el Gobierno más el deflactor (la inflación de los productos y servicios vendidos en territorio nacional, no sólo de los bienes de consumo). Si a final de año hay desviación al alza, el Gobierno central debe pagar la diferencia.

Es lo que va a ocurrir con toda seguridad en el año 2000, porque la economía y su deflactor van a ser más altos de lo previsto. En los Presupuestos de este año se fijó una previsión de crecimiento nominal del 5,8%, los fondos para Sanidad aumentaron en ese porcentaje sobre el año anterior, pero a final de año superará el 7%. Sobre un gasto total de cuatro billones de pesetas, el coste de la desviación supondrá cerca de 50.000 millones de pesetas, que se liquidarán el año que viene.

También esa desviación tendrá efectos en la transferencia que el Gobierno central debe hacer a las comunidades autonómas que aceptaron tener una participación en el IRPF de hasta el 30% con capacidad normativa en ese tramo (todas menos Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura). Por ese concepto, en el año 2000 las comunidades han recibido 572.000 millones de pesetas a cuenta.

Después, como ocurre con la Sanidad, hay que liquidar la cifra definitiva, que dependerá de qué variable registra un mayor crecimiento, la recaudación estatal por IRPF o el PIB nominal. Las comunidades tienen garantizada la mayor de las dos cifras. De fomento, el PIB nominal crece con más fuerza (7%) que el IRPF (el 2%).

En esta partida contra la inflación, no todo son desventajas para el Gobierno. Por ejemplo, el sueldo de los funcionarios subió a principios de año un 2% y no va a haber revisión al alza. Ésta será la tercera vez desde que gobierna el PP en que los dos millones de funcionarios de las tres administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades y ayuntamientos) pueden perder poder adquisitivo.

El pasado año, el Gobierno tampoco cumplió su objetivo de inflación (se fijó el 1,8% y terminó en el 2,9%) y en 1997 se decidió una congelación de sueldos para el sector público, como ocurrió en 1993 y 1994. Sólo en 1998 se consiguió una mejora, ya que la previsión de inflación fue del 2,1% y el año se cerró en el 1,4%.

No obstante, los cálculos no son totalmente exactos ya que, en especial en las administraciones territoriales, proliferan las fórmulas para esquivar las restricciones salariales que se quieren imponer desde el Gobierno de Madrid. Algo así ocurre también en la Administración central con los distintos complementos (productividad y específicos) y el fondo acordado con los sindicatos (13.000 millones de pesetas).