Reforma con matices

El Congreso ha dado luz verde por una amplia mayoría de 255 votos a las reformas del Código Penal y de la Ley del Menor propuestas por el Gobierno para combatir la violencia terrorista. La votación da idea del fuerte respaldo con que cuenta este proyecto legislativo, pero haría mal el Gobierno en interpretarla como un cheque en blanco. Razones de lealtad con la lucha antiterrorista han inducido al PSOE, CiU y Coalición Canaria a no presentar enmiendas a la totalidad del proyecto, pero se reservan la posibilidad de enmendar parcialmente algunos de sus aspectos. Sorprende, por ello, el desprecio con que el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó ayer la firma de un documento antiterrorista conjunto con el PSOE, atribuyendo a esa propuesta un mero interés publicitario por parte de los socialistas. La lealtad es un camino de doble dirección.Pocas dudas caben sobre la legitimidad del Estado de derecho para adecuar su respuesta punitiva a las nuevas y variadas formas de actuación terrorista. Globalmente, las reformas del Gobierno cuentan con un apoyo social y político sin precedentes, lo que no impide que alguna sea cuestionable y que deba ser analizada con rigor y cautela en el debate parlamentario de la ley. El retoque de 10 artículos del Código Penal responde a una realidad constatada: la existencia de resquicios de impunidad legal para los culpables de determinadas conductas. "Cerrar con prontitud y eficacia esos resquicios", como afirmó el ministro Acebes en el debate de totalidad del proyecto, es un deber del Estado democrático. Otra cosa es que la formulación jurídica deba ajustarse estrictamente al hecho delictivo y ser proporcional. Una cuestión a la que deberán prestar atención los grupos parlamentarios.

El punto más cuestionable de la reforma del Gobierno sigue siendo el que pretende sustraer de la jurisdicción de la Ley del Menor a los menores de edad penal implicados en la lucha callejera o kale borroka. El Consejo del Poder Judicial opuso serios reparos a este aspecto de la reforma, y no porque no exista un problema real con estas tropas de choque de la violencia callejera, sino porque se trata de menores -es decir, de personas todavía en evolución- cuyo tratamiento penal debe tener un ineludible componente educativo. Es una buena señal, en todo caso, que el Gobierno haya mostrado su predisposición a acercar posturas en este punto con el resto de las fuerzas políticas. La aplicación rigurosa de la Ley del Menor, a partir de su entrada en vigor el 13 de enero próximo, debería bastar para acabar con la sensación de impunidad que favorece la reproducción generacional del terrorismo en la escuela de la violencia callejera.