El Inem retiene 3.500 millones a Trabajo por no justificar los gastos
El Instituto Nacional de Empleo (Inem) tiene retenido el pago de 3.500 millones de pesetas destinadas a actividades de formación y empleo al Gobierno catalán por no haber justificado de forma suficiente los gastos. Fuentes del Ministerio de Trabajo, del que depende el Inem, dijeron que se trata de fondos correspondientes al año 1994, aunque no concretaron más datos.Las fuentes consultadas señalaron que la retención de estos fondos, de la que informaba ayer Diari de Girona, "nada tiene que ver" con el llamado caso Pallerols, que investiga un juzgado de Barcelona por presunto uso irregular de fondos para la formación de parados. Estas fuentes añadieron que la suspensión de las ayudas del Inem no supone un bloqueo de fondos, sino que se ha pospuesto el pago a la Generalitat hasta que ésta amplíe la justificación de los gastos. Las ayudas del Inem se canalizan hacia cursos de formación y escuelas taller.
Un portavoz del Departamento de Trabajo de la Generalitat admitió ayer la retención de estos fondos, pero descartó que se deba a ninguna irregularidad.
La Generalitat espera un rápido acuerdo con el Inem para recibir los fondos retenidos
Un portavoz del Departamento de Trabajo señaló ayer que en principio los justificantes aportados debían ser suficientes, por lo que confió en que en breve se llegará a un acuerdo con el ministerio. "Las intervenciones de la Generalitat y del Ministerio de Trabajo están viendo cuáles son las diferencias existentes y esperamos que pronto se producirá un acuerdo para liberar la entrega de estos fondos", indicó un portavoz del Ministerio de Trabajo.Fuentes de la Generalitat explicaron que los fondos retenidos corresponden a cursos aprobados en 1993, pero que se impartieron en 1994 y fueron justificados posteriormente. El pago de las ayudas se suele retrasar debido a los controles sobre las facturas que ejerce el Ministerio de Trabajo. En la actualidad, existen algunas partidas de gasto sobre las que se ha aportado justificación, pero que el Ministerio de Trabajo considera insuficiente.
La Generalitat tiene a su cargo las acciones formativas para lograr que los parados se adapten a lo que demandan las empresas y puedan encontrar un nuevo empleo. El Gobierno catalán, que tiene atribuidas estas competencias desde 1998, firma convenios de colaboración con el Inem para mejorar la formación de los desempleados. Una parte de estos fondos se destinan a las llamadas casas taller, donde se forman especialistas en diversos oficios.
El Inem sufraga una parte de estas ayudas formativas y la Generalitat se encarga de desarrollarlas, pero luego debe justificar los gastos para percibir la parte financiada por el Inem. Este organismo se ocupa de los trámites para el reconocimiento de la situación de paro de los solicitantes. La Generalitat ha firmado varios acuerdos con el Inem destinados a reciclaje de parados. Estos convenios son distintos de los que se acuerdan con el Ministerio de Trabajo y la Comisión Europea para la formación de parados.
En la actualidad, las autoridades comunitarias mantienen bloqueado el pago de 6.000 millones de pesetas correspondientes a cursos de formación de parados en 1998 y 1999. Hace dos semanas, Bruselas desbloqueó el pago de otros 4.000 millones de estos fondos.
Las fuentes del Departamento de Trabajo y del ministerio insistieron en que la suma retenida no tiene nada que ver con las presuntas irregularidades afloradas en el llamado caso Pallerols
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