Méndez de Lugo advierte "graves deficiencias" en la Ley de Enjuiciamiento

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, denunció ayer las "gravísimas deficiencias estructurales" que existen para que pueda aplicarse con eficacia y celeridad, a partir del próximo mes de enero, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) aprobada por el Gobierno hace 10 meses. "La implantación", dijo, "evidentemente va a tener muchos problemas, y no sólo por las necesidades de personal, sino también por las necesidades materiales".

Entre los aspectos novedosos que presenta la ley, se estipula que los jueces deben estar en todas las fases de los procedimientos judiciales, labor que, hasta ahora, por mor de la eficacia, realizaban muchas veces los secretarios judiciales. También establece que todos los juzgados deberán estar equipados, a partir de enero del 2001, de grabadoras y reproductoras de vídeo para las declaraciones.El primer aspecto va a suponer, según Méndez de Lugo, que las resoluciones judiciales, que hasta ahora alcanzaban una media de 700 por año, se vean reducidas a más de la mitad, ya que "el tiempo que antes invertían los jueces en firmar resoluciones tendrán que dedicarlo ahora a estar presentes en los procedimientos". A ello se une, según explicó el presidente del TSJA, que "en Andalucía no hay jueces suficientes". "Hay de 80 a 85 vacantes en los órganos judiciales", señaló. "En la mayoría de los casos se debe recurrir a jueces sustitutos que, aunque están formándose, no están aún lo suficientemente preparados para una responsabilidad como la de administrar justicia. Eso agrava más la situación".

La implantación de la tecnología audiovisual en los juzgados supondrá, por su lado, una inversión de entre 800 y 1.000 millones de pesetas en Andalucía, una inversión, además, que no estaba prevista en los presupuestos generales de la comunidad, que se aprobaron antes de que se diera luz verde a la implantación de la LEC. "Y ahora hay que recurrir a los créditos extraordinarios para cumplir ese mandato", dijo Méndez de Lugo, que ayer inauguró unas jornadas en torno a este asunto. Luego añadió: "Existen deficiencias estructurales muy graves, gravísimas, y los presupuestos de la Administración de Justicia son muy reducidos, reducidísimos, para poder afrontarlas".

El magistrado propuso un acuerdo entre Gobierno central, Gobierno autonómico y la Administración de Justicia para, de un modo coordinado, hacer frente a todos los gastos que supondrá la implantación de la nueva ley, que, además, y según indicó, no va a agilizar por el momento la aplicación de la justicia a los ciudadanos. "No soy tan pesimista como para hablar de colapso, pero sí digo que la nueva ley va a ralentizar la justicia".