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El Ayuntamiento de Alcalá decide demoler la discoteca Radical

El Ayuntamiento de Alcalá (gobernado por PSOE-progresistas e IU) requerirá a los propietarios de Radical, un after hours que formó parte de la ruta del bakalao, para que derriben las instalaciones de la discoteca antes de un mes. Si no lo hacen, será el Consistorio el que lo haga, y les pasará la factura. Así lo decidió ayer la Comisión de Gobierno, cerrando el expediente abierto hace seis meses. Los argumentos: que la discoteca no dispone de licencia de apertura y es ilegalizable, al estar en suelo industrial.

La decisión de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento es irrevocable, no caben más recursos por parte de los propietarios. Al menos, por la vía administrativa. "Podrían acudir a los juzgados, pero en este caso la actuación municipal sólo habría de suspenderse si el juez lo dicta así explícitamente", explicó el primer teniente alcalde, Luis Suárez, que es abogado.La discoteca Radical se levanta sobre una parcela situada en el polígono industrial Jumapi, a las afueras de Alcalá. En esa parcela está permitido que el 20 % se dedique a usos diferentes del industrial. La discoteca es siamesa de un club de alterne, el Private, instalado en la misma parcela. "En esa parcela hay dos actividades de hecho (Radical y Private), pero sólo hay una de derecho, con licencia de apertura como sala de fiestas, Private, que agota ese 20 % para otros usos de la parcela", explicó el edil de Urbanismo, Javier Ocaña (PDNI). "Esa licencia nunca ha sido puesta en cuestión por el Ayuntamiento", añadió.

La Comisión de Gobierno ha ordenado el derribo de Radical y de algunos elementos constructivos de Private, como los sótanos o unos tabiques añadidos después de obtener la licencia. Ocaña señaló que Private podrá volver a abrir cuando suprima esos elementos.

Respecto a la querella que ha anunciado el encargado de Radical, Alejandro Conde, contra Ocaña por "tildarles de terroristas", a los propietarios del establecimiento en relación al artefacto incendiario que unos desconocidos colocaron el pasado viernes en el Ayuntamiento, Ocaña manifestó que le parecía "perfecto". "Me parece perfecto que quien no está de acuerdo en algo utilice las oportunidades que le brinda el estado de Derecho. Si todo el mundo lo hiciese, no habrían pasado las cosas que han pasado", manifestó el edil.

Por otra parte, el equipo de Gobierno decidió designar un abogado para que haga un seguimiento de las cinco denuncias presentadas desde abril por Ocaña, al sentir amenazada su seguridad o la de su familia. La primera la interpuso el 27 de abril de 2000, un día después de abrir el expediente de demolición de Radical, por supuestas amenazas de muerte por parte de Conde. La segunda, en mayo porque le siguieron en un coche. La tercera, en julio por las pancartas que mostraban su cara tachada con una cruz negra y pedían la apertura de Radical. La cuarta, en septiembre, por dos amenazas de muerte anónimas contra él y uno de sus hijos, vertidas en la página web de la discoteca en un buzón de "mensajes para el concejal". Y la quinta, el pasado jueves, por el puñetazo que le dieron dos jóvenes en el portal de su casa.

El PDNI ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno, Javier Ansúategui, y del gerente de seguridad del Ayuntamiento de Alcalá al considerar que no han tomado todas las medidas necesarias para proteger a este edil. Lo hizo en un comunicado hecho público ayer, en el que pedían también que el consistorio apoye las denuncias de Ocaña y pida explicaciones al delegado. IU está estudiando pedir la comparecencia de este último en la Asamblea, para que explique las medidas adoptadas para "desmontar una trama de actividades ilegales que produce gran conflictividad en el Corredor del Henares".

La discoteca Radical cuenta con un precedente de hace seis años: Áttica, una discoteca situada en la carretera de Barcelona. Los dueños de Áttica y Radical son los mismos. El Ayuntamiento de Madrid cerró Áttica por irregulardidades urbanísticas. A diferencia de Radical, el consistorio no decretó su demolición y lo que fue la discoteca Áttica es ahora un edificio abandonado.

"No pueden mover un dedo"

Alejandro Conde, uno de los propietarios de la sala Radical, afirmó ayer que la discoteca cumple todos los requisitos legales y urbanísticos y que, por iniciativa propia, nunca va a ordenar la demolición de su negocio. Aún más: Conde lanzó un desafío a los responsables del consistorio alcalaíno: "¡A ver si la tiran! Pero, ¿quienes se han pensado que son estos señores del Ayuntamiento para determinar que yo tengo que derribar la discoteca?", pregunta el empresario. "Es como si ordenan la demolición de mi casa", agregó. Conde está convencido de que, en este asunto, le ampara la ley. "No lo pueden tirar. Mi negocio es perfectamente legal y hay un contencioso administrativo aún en marcha contra el cierre del local", afirma. "Hasta que no se resuelva ese contencioso el Ayuntamiento no puede mover un dedo. Será el juez quien decida", concluyó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de noviembre de 2000

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