Inmigración consensuada

Del primitivo borrador del Gobierno sobre la nueva Ley de Extranjería al texto salido de la Comisión Constitucional del Congreso hay un trecho. Pero no el suficiente como para poder hablar de un texto consensuado con el conjunto de las fuerzas políticas. Todavía quedan por sortear escollos como el reconocimiento de derechos a los inmigrantes que se hallen en España en situación irregular. Pero no es decartable, de acuerdo con el clima de entendimiento que a la postre se ha establecido entre el Gobierno y la oposición, que se pueda pactar un texto que si, evidentemente, no será equiparable al que pretende sustituir, tampoco lo será al que inicialmente soñaba el Gobierno. De aquí al próximo día 23, en que el proyecto será votado por el Pleno del Congreso, hay tiempo para atar cabos y perfilar arreglos transaccionales.La predisposición a acercar posiciones en un asunto de tanta trascendencia política y social ha tenido un primer efecto positivo en la nueva oportunidad dada a los 57.646 inmigrantes que quedaron fuera del proceso extraordinario de regularización concluido el pasado 31 de julio. La iniciativa partió del PSOE, pero el PP se ha mostrado sensible al problema. Es casi seguro que en este punto ha debido de pesar en el ánimo del Gobierno la imposibilidad manifiesta de expulsar a esos 57.646 inmigrantes sin afrontar graves problemas, incluso de orden público; pero aun así, hay que felicitarse por la rectificación gubernamental. Esperemos que también haya lugar para un acuerdo razonable respecto de los derechos que han de reconocerse a los inmigrantes en situación irregular. El Gobierno tiene razón en reclamar el control de los flujos migratorios mediante la vigilancia de los pasos fronterizos y la fijación previa de los cupos de inmigrantes. Nadie discute tampoco que entre inmigrantes legales e irregulares no puede haber una plena igualdad de derechos. Pero la línea divisoria no puede pasar por derechos individuales básicos. ¿En razón de qué se puede negar a un inmigrante su derecho a adherirse a asociaciones de ayuda o a organizaciones sindicales en defensa de su salario y de sus condiciones de trabajo?

Frenar la inmigración irregular constituye un objetivo razonable con el que ninguna fuerza política puede no estar de acuerdo. Pero la obsesión del Gobierno por esta cuestión -en realidad, es la razón última de su ley- le impide caer en la cuenta de que ese objetivo no debe alcanzarse imponiendo medidas discriminatorias y acumulando obstáculos ante quienes pugnan por integrarse en la sociedad que les ha acogido.