Bush pide a un juez que detenga el recuento.
Los republicanos dan el primer paso en la judicialización de la carrera por la Casa Blanca
La temida judicialización de las elecciones presidenciales estadounidenses dio ayer un paso adelante cuando James Baker, en nombre de George Bush, pidió a un Tribunal Federal de Florida que dictara una orden prohibiendo el tercer recuento, esta vez manual, en varios condados de ese Estado. Los republicanos expresaron su temor a que el recuento manual permita manipulaciones que alteren la cortísima victoria de Bush en los dos recuentos mecánicos ya efectuados. Los demócratas denunciaron la "arrogancia" de Bush y le pidieron que retirara esa demanda. A la espera de una decisión judicial, anoche empezó el recuento manual en el condado de Palm Beach. El envenenamiento del conflicto subió varios grados más tras el anuncio republicano.
"El recuento manual", dijo Baker, está sujeto a "error humano, subjetividad individual y decisiones sobre cuál era la intención de los votantes". "Las máquinas", añadió, "no son republicanas o demócratas, jamás pueden ser parciales". El escrutinio manual, solicitado por Gore para tres condados de Florida, comenzó a hacerse en Palm Beach. El argumento de los demócratas es que las máquinas dieron como nulas papeletas que estaban insuficientemente agujereadas o, como ocurrió con miles de votos en Palm Beach, agujereadas dos veces.Pero los republicanos se temían que las personas que efectúen ese recuento manual deban decidir en los casos dudosos cuál era la voluntad del elector. Y pidieron al Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida que ordene la paralización de ese sistema, abierto, en su opinión, a la subjetividad. El caso cayó en manos del juez Donald Middlebooks, nombrado por Clinton, quien convocó a las partes mañana lunes para escuchar sus argumentos.
"No hay ninguna razón para que los votos populares no puedan ser contados por seres humanos", replicó Dough Hattaway, portavoz de la campaña presidencial demócrata. "Confiamos en que el pueblo norteamericano rechace la arrogante actitud de Bush", añadió el también portavoz demócrata Chris Lehane. El campo de Gore pidió a Bush que dé marcha atrás y denunció que han sido los republicanos los primeros en llevar la batalla a los tribunales. "Nosotros no hemos emprendido todavía ninguna acción legal", dijo Hattaway. El viernes, Gore había recibido intensas presiones tanto desde la prensa afin a su candidatura como de su propio partido para que no llevara a los tribunales los resultados oficiales que proclamará el Estado de Florida el día 17. Ayer sus colaboradores replicaron que quien judicializa es Bush.
Una judicialización que parecía ayer inevitable tras la iniciativa anunciada por Baker, ex secretario de Estado y ahora apoderado de Bush en el contencioso de Florida. El conflicto podría degenerar en metástasis porque, dada la estrechez de los resultados en Nuevo México, Oregon, Wyoming y Winconsin, los republicanos y los demócratas podrían solicitar a los tribunales nuevos recuentos e incluso nuevas votaciones.
Mientras EE UU seguía sin conocer el nombre de su futuro presidente y una imagen de república bananera se extendía por el interior y el exterior del país, Gore, de regreso a Washington, se dedicó ayer a seguir las actividades deportivas de su hijo. Aún más exhausto, Bush se retiró a su rancho tejano. "Todos estamos en el limbo", dijo el líder republicano. A tenor de los dos escrutinios completos celebrados en Florida, Bush es el ganador provisional en las elecciones en ese Estado y podría disponer de sus decisivos 25 compromisarios en el Colegio Electoral.
En el segundo recuento, Bush obtuvo 327 votos de ventaja en toda Florida, según el cálculo de Associated Press, y 960, según el de las autoridades de ese Estado. Ninguna de estas cifras es oficial, ya que Florida solo dará resultados definitivos el próximo viernes, tras contabilizar los votos por correo. En el primer recuento, en la madrugada del miércoles, el gobernador de Tejas ganó por 1.784 votos.
La pelota está en los pies de Gore. De hacerse oficial el viernes la victoria de Bush en Florida, el candidato demócrata tendrá que tomar una dura decisión política: si escucha los llamamientos a que aplique la razón de interés general le concederá a Bush la presidencia y quedará reforzado para dar una nueva batalla por la Casa Blanca en 2004. La presidencia de Bush nacerá con dudas sobre su legitimidad y, dada la inexistencia de una amplia mayoría republicana en el Congreso, tendrá poco margen de acción legislativa. Pero si Gore, como le pide la izquierda del Partido Demócrata, opta por prolongar la batalla, la crisis institucional estará servida.
El dilema al que se enfrenta Gore es si sumarse o no a las acciones judiciales de grupos de vecinos para exigir una rectificación de los resultados en ese condado o incluso una nueva votación. Existe jurisprudencia para todo. En 1998 el Tribunal Supremo de Florida sentenció que, aunque no haya habido fraude, los resultados de una elección pueden ser alterados si existen "dudas razonables" sobre si expresan "la voluntad de los votantes". Pero en un caso en el condado de Pinellas, un tribunal de Florida sentenció en 1974 que "la mera confusión en las papeletas no es un impedimento para que los votantes expresen con libertad sus opciones si han tenido tiempo razonable para estudiarlas".
