El Gobierno creará 1.000 empleos para reducir la jornada a 35 horas semanales

Consejería improvisada

El consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local, Carlos Mayor Oreja, defendió ayer en la Asamblea de Madrid que la jornada laboral de 35 horas en la Administración autonómica debe servir para crear empleo y anunció que la Comunidad "introducirá 1.000 puestos de trabajo nuevos por la reducción de la jornada".La intención de la Consejería es ir reduciendo la jornada media hora cada año, a fin de implantar las 35 horas semanales en el año 2003, según explicó el director general de Función Pública.

Carlos Mayor, que compareció en la Comisión de Presupuestos para explicar las cuentas de su departamento para 2001, indicó que la Dirección General de Función Pública dispondrá de 2.425 millones de pesetas para su "modernización", dentro de la cual se enmarca la reordenación de la jornada del funcionariado autonómico.

"La Dirección General de Función Pública contará con 2.425 millones de pesetas para su modernización a través de una adecuación funcional de los puestos de trabajo, la reordenación de la jornada, la vinculación a la oferta de empleo público del número de plazas que demandan la prestación del servicio público, el mantenimiento de los niveles de acción social y sindical y la implantación de un plan plurianual de formación", afirmó.

En su comparecencia indicó que el presupuesto global de la Consejería para el año 2001 aumentará un 11,25% respecto a este año, al pasar de 17.848 millones de pesetas a 19.855 millones.

Desde la oposición, el portavoz de Presupuestos del PSOE-Progresistas, Adolfo Piñedo, denunció que la creación el pasado mes de mayo de la nueva Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local ha supuesto un aumento del gasto burocrático del 44% en los presupuestos del 2001.

"Los gastos de plantilla, mobiliario y servicios nuevos de esta Consejería, improvisada tras la crisis de Beteta, son exagerados y no se corresponden con la teoría de contención del gasto corriente que tanto defiende el Gobierno regional", criticó Piñedo.El portavoz del PP en la Comisión, Pedro Muñoz Abrines, le reprochó la "trampa" de incluir en el gasto burocrático la partida destinada al plan de modernización de la función pública y aseguró que, descontándola, el aumento de dicho gasto es del 3%.

El consejero destacó que el mayor incremento presupuestario de la consejería lo registrará la Dirección General de Justicia, "que aumenta un 50% respecto a 2000, para preparar el traspaso de competencias en las mejores condiciones administrativas y económicas". Dijo que un 68% del presupuesto lo destinará a inversión (13.460 millones de pesetas), mientras que el 32% restante lo asignará a los gastos corrientes (6.394 millones).