Bruselas esperará la resolución judicial para tomar su decisión final sobre las ayudas bloqueadas a la Generalitat

Durante su entrevista con la comisaria, el consejero Franco explicará que los dos casos que están en los tribunales son aislados y que no debe generalizarse a todos los fondos que distribuye el Gobierno catalán para la formación de parados, que este año ascienden a 25.000 millones de pesetas. Estos fondos son aportados a partes iguales por la Comunidad Europa, el Ministerio de Trabajo y la propia Generalitat.El Gobierno catalán ha mantenido durante semanas que el bloqueo de ayudas que ha realizado Bruselas sólo afecta a 440 millones de pesetas. La explicación del consejero de Trabajo es que sólo están bloqueadas las cantidades correspondientes a los dos casos que están en los tribunales: las academias del grupo Méndez y del empresario Fidel Pallerols. Ambos casos están en los juzgados por presuntas irregularidades en los cursos para formar desempleados.

La oposición ha cargado durante las últimas semanas contra UDC y contra el Gobierno catalán por el escándalo desatado a raíz del bloqueo decretado por Bruselas.

El propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se ha visto obligado a admitir que la decisión de Bruselas es "una mancha" para el Gobierno catalán, que hasta la fecha nunca había tenido problemas con los fondos comunitarios. Pujol y el líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, han aceptado que podrían derivarse responsabilidades políticas por este caso cuando avancen las investigaciones en curso. En medios del partido de Duran Lleida se ha tratado la posibilidad de que acabe presentando la dimisión el actual presidente de UDC y ex consejero de Trabajo, Ignasi Farreres. Éste ya se mostró dispuesto a dimitir por este caso antes del pasado verano.

Esta aceptación de responsabilidades futuras está acompañada de la decisión del Gobierno catalán de abrir una investigación sobre estos fondos. La investigación correrá a cargo de la Intervención General, dependiente del Departamento de Economía.

Por su parte, el militante de Unió Democràtica de Catalunya, Josep C. Vergés, ha presentado una denuncia ante el fiscal general de Cataluña, José María Mena, por la presunta corrupción del Departamento de Trabajo en la adjudicación de fondos para la formación de parados. Vergés, que se encuentra expedientado por su partido, ha entregado a la fiscalía una copia de la denuncia que presentó a la oficina anticorrupción de la Unión Europea sobre el presunto caso de desviaciones de los fondos para parados gestionados por el Departamento de Trabajo. Vergés también ha entregado a la fiscalía copias de cartas suyas en las que denunció estas supuestas irregularidades al presidente catalán, Jordi Pujol; al del Parlament, Joan Rigol, y a la consejera de Justicia, Núria de Gispert.

Vergés indicó que ha presentado esta compilación documental después de que el pasado fin de semana Lluís Franco y el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, le emplazaran a llevar la cuestión ante el fiscal en el caso de que tuviera pruebas de delito.

El economista ha aportado la documentación "esperando que sirva para que la fiscalía española actúe con el mismo interés que está demostrando la Comisión Europea, porque los ciudadanos de Cataluña también tenemos derecho a vivir en una democracia con políticos honestos".