Gil puso a nombre de Marbella los terrenos expropiados para la desaladora de la Mancomunidad y pide un alquiler

El Ayuntamiento de Marbella no cederá a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental la titularidad de los terrenos en los que está situada la planta desaladora. El primer teniente de alcalde, Julián Muñoz, reiteró en un pleno celebrado ayer la negativa del municipio que preside Jesús Gil. Sin embargo, se mostró dispuesto a negociar "el uso" de los terrenos "por un tiempo determinado a cambio de un canon", algo a lo que se opone la mayoría de los alcaldes del ente supramunicipal. El debate no es nuevo. La Mancomunidad reclama que se pongan a su nombre los terrenos sobre los que está asentada la planta, cuya titularidad aseguran ostenta "por error" el Ayuntamiento marbellí. Basan esta afirmación en que la concesionaria de la desaladora, Decosol, pagó 150 millones de pesetas por su expropiación, cantidad que incluso figura en la partida de gastos, y sin embargo los terrenos se escrituraron a nombre de Marbella. En esa época, Jesús Gil presidía la Mancomunidad y el ayuntamiento. La falta de acuerdo y la oferta planteada por Julián Muñoz llevó ayer a la comisión gestora de la Mancomunidad a dejar sobre la mesa este punto, e iniciar conversaciones para buscar una solución negociada.

El pleno celebrado ayer estuvo caracterizado por el talante dialogante de los representantes del Grupo Independiente Liberal, que mostraron su intención de hacer frente al pago de la deuda que el Ayuntamiento de Marbella mantiene con el organismo en concepto de agua y basura, y que supera los mil millones de pesetas. Muñoz descartó que Marbella deje de formar parte de la Mancomunidad, como ha insinuado Gil y Gil en varias ocasiones, e insistió en que el municipio se incorporará a todos los plenos y comisiones que celebre el organismo.

Por otra parte, PSOE y PP presentaron ayer una querella criminal conjunta contra Jesús Gil; el secretario municipal del Ayuntamiento de Marbella, Leopoldo Barrantes; y el primer teniente de alcalde, Julián Muñoz, "por impedimento al ejercicio de derechos políticos". La medida se produce ante la negativa del equipo de gobierno de facilitar a la oposición el informe provisional del Tribunal de Cuentas, que refleja 35.000 millones de pesetas de gastos públicos sin justificar. Socialistas y populares piden a la juez que requiera a Gil y Gil para que entregue la citada documentación, con el fin de estudiarla para el pleno que se celebrará mañana miércoles, en el que se debatirá el informe y las alegaciones presentadas por el equipo de gobierno.