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El juez Moreno interrogará al etarra Iragi por sus amenazas a Ruiz Polanco

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno interrogará la próxima semana al etarra Harriet Iragi acerca de las amenazas de muerte que pronunció el martes pasado contra el también magistrado de la Audiencia Guillermo Ruiz Polanco y a las que éste replicó: "Si yo no fuera juez y usted no estuviera esposado, le daría dos hostias". Moreno se ha declarado competente para conocer sobre los hechos acontecidos y, a instancias del fiscal, ha abierto un proceso contra Iragi. En el escrito de la fiscalía se instaba, además de a tomar declaración al etarra en calidad de imputado en un delito de amenazas terroristas, a que se realice el correspondiente ofrecimiento de acciones a Ruiz Polanco por si desea personarse en la causa como perjudicado.

El fiscal pide también que se remita al nuevo proceso la hoja histórico-penal de Iragi.

En el incidente, durante la declaración de Iragi sobre su presunta participación en el asesinato de José María Martín Carpena, concejal del PP de Málaga, estuvieron presentes el fiscal Jesús Alonso, la secretaria judicial María Mariscal de Gante y otros funcionarios del juzgado que, con toda probabilidad, tendrán que declarar en calidad de testigos.

Abstención

Por su parte, Ruiz Polanco presentó ayer su abstención en las tres causas que tramita contra Iragi: el asesinato de Martín Carpena y la colocación de dos bombas en sendos coches de militares en Sevilla. La abstención deberá ser confirmada por la Sala de Gobierno en su próxima reunión, en la que también tendrá que resolver las diligencias informativas abiertas al magistrado y que, según fuentes jurídicas, constituyen el primer paso para sancionarle por la vía disciplinaria.

En relación con ello, Montserrat Comas, portavoz de Jueces para la Democracia, mostró su respeto a la decisión de la Sala de Gobierno de abrir diligencias a Ruiz Polanco. Comas precisó: "Estamos ante un exceso verbal que no debería haberse producido y que puede corregirse disciplinariamente. Los poderes públicos tienen la obligación de mantener la serenidad ante cualquier ataque o amenaza, aunque hay que valorar que se producen con el magistrado señor Querol [asesinado 24 horas antes por ETA] de cuerpo presente".

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