Los funcionarios irán a la huelga por la pérdida de poder adquisitivo

Los sindicatos de la función pública CC OO y UGT han convocado huelga en todas las administraciones para el 14 y 15 de diciembre en protesta contra la subida salarial del 2%, decidida por el Gobierno para el próximo año. El llamamiento afecta a 1,6 millones de empleados públicos y con las movilizaciones reivindican un aumento del 4,7% (tiene un coste adicional de 120.000 millones de pesetas), y el derecho a una cláusula de revisión que garantice el poder adquisitivo si la inflación real se desvía sobre la prevista. El Ejecutivo asegura que no modificará su decisión.

Coste de 120.000 millones

El Sindicato de Enfermería (SATSE) se suma a las movilizaciones previstas, según manifestó ayer su secretario general, José Antonio Martos. En cambio, CSIF, el tercer sindicato mayoritario en todas la función público junto a CC OO y UGT (los tres reúnen más del 75% de representatividad), mantiene en suspenso su apoyo a la convocatoria y tomará una decisión cuando estén próximas las fechas de la huelga. El presidente de CSIF, Domingo Fernández, en cambio, sí respaldó la declaración unitaria que ayer presentaron los responsables de UGT y CC OO en la que atribuyen a "la torpeza del Gobierno" el fracaso de la negociación.

También CSIF es partícipe de las movilizaciones previas a la huelga que se han organizado para este mes. El día 13 habrá concentraciones ante las sedes de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, en las que entregarán las firmas recogidas entre los empleados públicos mostrando su rechazo a la subida del 2%. El día 16 por la mañana los delegados de UGT se concentrarán ante el Parlamento, y por la tarde se realizarán manifestaciones en todas las capitales de provincia. El día 23 prevén reunir a los delegados de CC OO y CSIF ante el Parlamento.

Con esas acciones, pretenden defender el mantenimiento del poder adquisitivo, el derecho a la cláusula de revisión salarial y la mejora de la calidad del empleo en las administraciones, así como reclamar la eliminación de la tasa de reposición de vacantes (no cubrir las bajas vegetativas) y mostrar su rechazo a la movilidad forzosa que el Gobierno ha aplicado a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos.

En materia salarial, los tres sindicatos rechazan el aumento del 2% (igual a la inflación prevista) comunicado en la mesa negociadora de la Administración del Estado, donde se tratan las condiciones para 800.000 empleados públicos.

No obstante, al estar recogido ese aumento del 2% en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, es de obligado cumplimiento para el conjunto de los empleados en todas las administraciones públicas: central, autonómica y local. Cualquier subida por encima de esa cifra les enfrenta a un recurso ante el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en años pasados. En consecuencia, el 2% afecta a 1,6 millones de empleados públicos.La reivindicación de los sindicatos es muy superior y se eleva hasta el 4,7%, ya que al 2% suman la pérdida de poder adquisitivo de este año (1,7%) y la recuperación de parte de lo no percibido en años pasados (1%), un incremento que tendría un coste adicional de 120.000 millones de pesetas. El colectivo de empleados públicos lleva acumulada una pérdida de compra desde 1992 de en torno a 12 puntos, un periodo que incluye dos años de congelación salarial (1993 y 1997).

Los dirigente sindicales Carlos Sánchez (CC OO) y Julio Lacuerda (UGT) aseguraban ayer que no están dispuestos a que "el déficit cero se cuadre cargándolo a las costillas de los empleados públicos". Asimismo consideran prioritario el reconocimiento de la cláusula de revisión, porque entienden que es la única forma de que no haya pérdida de poder adquisitivo cuando la inflación real es superior a la prevista.

Nada más hacer pública la convocatoria de las dos jornadas de huelga, el Gobierno manifestó que no variará su decisión. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró que el Ejecutivo "no va a revisar su posición con respecto al incremento de los salarios del sector público en el año 2001". En similares términos se expresó el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El Ministerio de Administraciones Públicas difundió un comunicado en el que asegura que la subida del 4,7% reclamada por las centrales es "excesiva". Asimismo señala que el Gobierno espera que la actitud sindical "no dificulte" el funcionamiento de los grupos de trabajo que actualmente colaboran con las centrales en el área de la formación continua o la salud laboral, y reitera que ha ofrecido a las centrales reuniones para estudiar el Estatuto de la Función Pública (negociado ya con el anterior Gobierno del PP y que quedó en suspenso con la convocatoria de las elecciones generales de marzo).