El PSPV insta a la devolución de la tasa municipal por el tratamiento de neumáticos en la provincia de Castellón

El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Castellón, Enrique Navarro, instó ayer a los ayuntamientos a que devuelvan el importe cobrado a los propietarios de vehículos por el tratamiento de los neumáticos que había de realizarse y que, por el momento, no se ha iniciado. Este importe ha sido cobrado, en la mayoría de los casos, a través de una tasa específica o incluido en el impuesto de circulación.A través del mismo, los ciudadanos habían de pagar, anualmente, 600 pesetas por cada coche de su propiedad, cambiaran o no las ruedas, precio que aumentaba en el caso de vehículos de mayores proporciones y disminuía en el caso de las motocicletas. Posteriormente, la empresa adjudicataria había de recogerlas para su posterior tratamiento, por lo que recibiría cerca de 100 millones de pesetas de la diputación, institución que, a su vez, reclamaría el coste a los ayuntamientos, que han ejercido de recaudadores. Sin embargo, y pese a que la mayoría de los consistorios sí han aplicado esta tasa o impuesto a sus vecinos, el servicio para el que se ha de destinar no se ha iniciado. De hecho, la empresa ni siquiera cuenta con la preceptiva licencia de actividad para su puesta en marcha.

Por ello, Enrique Navarro ha instado a los ayuntamientos a que devuelvan lo cobrado ya que el servicio para el que se recaudó no se ha llevado a cabo. Para Navarro, también alcalde de Onda, la devolución habría de efectuarse de oficio por parte de cada ayuntamiento, ya que dispone de los listados de los vecinos a los que se cobró, y no esperar a que sean éstos quienes reclamen la devolución al consistorio.

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, impulsó, en la anterior legislatura, la creación de una planta para el tratamiento de neumáticos a la que trasladar las ruedas de los vehículos de toda la provincia. Tras varios meses de polémica, la diputación adjudicó el servicio y decidió su ubicación en La Vall d'Alba, municipio del que es alcalde Francisco Martínez, que a su vez es vicepresidente de la corporación provincial.

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando se planteó que la incorporación de los municipios a este servicio era una cuestión voluntaria ya que, aunque la normativa europea contempla el tratamiento de los mismos, no existe ninguna norma por la que los ayuntamientos hubieran de acogerse a la planta auspiciada por la diputación.