Los ministros de Justicia de España y Francia preparan una reunión para agilizar la cooperación contra ETA

Ante la tardanza en la construcción del "espacio judicial europeo", el Gobierno español busca la colaboración francesa para agilizar los trámites judiciales entre los dos países. El responsable de Exteriores, Josep Piqué, gestionó ayer con su colega francés, Hubert Védrine, la celebración de un encuentro entre los ministros de Justicia, Ángel Acebes y Marylise Lebranchu. Ambos deberían encontrarse antes de que finalice este año, según fuentes españolas. Veinticuatro horas después del último atentado de ETA, Piqué aprovechó su cita con Védrine para introducir ese asunto en la conversación. El ministro español no hizo referencia a ello en las declaraciones al término del encuentro, que, dijo, giró principalmente en torno al problema de la violencia en Oriente Próximo y a la inconveniencia de que la Autoridad Palestina proclame "ahora", unilateralmente, un Estado palestino.

Sin embargo, finalizado el encuentro con la prensa, trascendió la cuestión del espacio judicial hispano-francés. El proyecto persigue más medios para facilitar la cooperación, dedicando más fiscales y personal a la gestión de comisiones rogatorias y procedimientos de extradición. Otra línea es avanzar hacia procedimientos más rápidos y que la actuación judicial en un país sea reconocida por el otro como propia. Ahora una comisión rogatoria o una extradición se demoran entre un año y un año y medio, plazos demasiado largos para la gran criminalidad: terrorismo, narcotráfico y otros delitos. No obstante, desde mayo, España ya dispone en París de un juez de enlace para agilizar los casos de los etarras: Manuel García Castellón.

Los preparativos para la cumbre europea de Niza, que ha de celebrarse en seis semanas, apuntan a la aprobación del principio del mutuo reconocimiento de las decisiones jurídicas adoptadas por los Estados miembros en todas las fases del procedimiento judicial, desde la orden de busca y captura hasta las peticiones de testigos, tanto en derecho civil como en asuntos penales. Los jueces podrían comunicarse directamente entre sí, evitando los largos vericuetos administrativos. La trascendencia de la reforma que se busca es la de hacer innecesarios incluso los procedimientos de extradición.