Asenjo dice que las grandes constructoras son tan responsables como Gil de la degradación urbanística

El PSOE no cree que el alcalde de Marbella, Jesús Gil, sea el único responsable de la degradación urbanística de Marbella. El secretario general de los socialistas malagueños, José Asenjo, arremetió ayer con dureza contra las grandes empresas constructoras y les acusó de estar haciendo en Marbella "lo que no hacen en ningún otro municipio de España". En esta línea, el diputado socialista aseguró que del conflicto urbanístico en esta ciudad "es tan responsable el Ayuntamiento como estas empresas".Sin citar a ninguna en particular, Asenjo indicó que siente "tanta indignación por lo que está realizando Jesús Gil en este municipio, como por lo que están realizando empresas radicadas en Madrid, Córdoba o Sevilla que edifican en zona verde, escolar o de reserva pública". "Ninguna empresa se arriesga a eso en ningún sitio, nada más que en Marbella", aseguró, por lo que dijo que no le importa si los que juegan con esta situación "pierden" al final.

Asenjo rechazó que en Marbella se haya producido un conflicto institucional entre la Junta y el consistorio, como sostiene Jesús Gil, e indicó que se trata "simplemente de un alcalde que no respeta la legalidad, de un Ayuntamiento que no cumple". "No hay precedentes de ello en España", apostilló".

En esta línea, respaldó la propuesta de la administración regional de crear una comisión de expertos para sacar adelante la revisión del PGOU después de que el pasado lunes la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga volviera a denegar el documento presentado por el consistorio marbellí.

Por su parte, la diputada autonómica Inmaculada Gálvez presentó ayer una denuncia en la Fiscalía contra Jesús Gil por "desobediencia, prevaricación y falsedad en documento público". La diputada autonómica verde del grupo socialista declaró ayer que "quienes se quejan de inseguridad jurídica en Marbella es porque tienen intereses ocultos relacionados con Gil y han construido en zonas verdes o de equipamiento, que no estaban destinadas a viviendas".

En este sentido, Galvez calificó de "desvergüenza" el manifiesto de 10 organizaciones empresariales y profesionales haciendo notar la "inseguridad jurídica en la construcción". En una conferencia de prensa, la diputada verde destacó que el decano del Colegio de Abogados de Málaga, José María Davó, es el letrado del constructor Avila Rojas "que tiene un grupo inmobiliario, con quince entidades que construyen en zonas verdes, de equipamiento y en áreas libres".

La diputada verde resaltó la importancia que la participación ciudadana ha tenido para frenar las pretensiones de Gil "por las numerosas denuncias de los abusos". También rechazó que la comisión de urbanismo se haya guiado por criterios políticos para rechazar de nuevo el PGOU de Gil y que todos los argumentos son jurídicos.