¿Qué sala cumple la ley?

El 16 de febrero de 1993 este periódico publicó una investigación realizada en todos los teatros de Madrid, incluidos los públicos. Fue a raíz del conflicto que hubo en el teatro Alfil, cuando el concejal de Centro, Ángel Matanzo, intentó su cierre. El edil alegó, días después de que en este espacio se estrenara una obra en la que Matanzo se sentía ridiculizado, que la sala no se adecuaba a la normativa municipal vigente.En la investigación realizada por este diario se concluyó, y nadie dijo lo contrario, que todos los teatros de la ciudad estaban fuera de la ley.

Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Más bien nada, teniendo en cuenta que muchas normativas son contradictorias y los informes y dictámenes dependen de los técnicos.

Los reglamentos, licencias y ordenanzas por las que se rigen los teatros de Madrid son innumerables, y en algún caso de imposible cumplimiento. Cualquier decisión de cierre de un teatro tiene detrás una ley que ampara tal acción.

La situación del teatro Calderón no es distinta como reconocen los afectados. El problema en esta ocasión es que el Ayuntamiento se ha saltado a la torera sus leyes, según los propietarios del teatro. Los más perjudicados son los profesionales.

El intervencionismo del Ayuntamiento en este caso no sólo ha sido desmesurado, sino fundamentalmente anómalo, según los profesionales del sector. Además, señalan, se da el agravante de que los propietarios del Calderón se han preocupado, desde hace meses, por estar al día. Pero carecen de medios para luchar contra la dispersión legal y la descoordinación entre distintos departamentos del municipio madrileño, según se lamentan.

Protección Civil y la Gerencia de Urbanismo trataron de reconducir ayer el asunto. Pero el camino recorrido hace inviable la marcha atrás.