Todos los partidos exigen que se desdoble la C-1411

Todos los partidos del arco parlamentario catalán se han puesto de acuerdo para redactar una proposición no de ley en la que se solicite al Gobierno de la Generalitat el desdoblamiento de la carretera C-1411, eje del Llobregat, en su tramo de Manresa a Castellbell i el Vilar. Se trata de unos 15 kilómetros de carretera que se encuentran al borde del colapso y por donde circulan de media diaria alrededor de 25.000 vehículos.La propuesta conjunta es una iniciativa que se presenta como un principio de solución al conflicto de tráfico y a la oposición frontal que ha tenido el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas para admitir que ésta era una intervención necesaria a pesar de no estar incluida en el actual Plan de Carreteras de Cataluña.

La iniciativa de los partidos políticos, que incluye a CiU, cuenta, según los mismos representantes de la coalición nacionalista, con la aprobación tácita del consejero Pere Macias. Propone que el desdoblamiento de la C-1411 en el citado tramo se aborde antes del 2003 y se incluya en la revisión del Plan de Carreteras.

Los diputados del PSC, ERC, IC-V y PP también abogaban por el estudio de la supresión del peaje de la autopista A-18 y, en su defecto, por la introducción de peajes blandos para los habitantes de las comarcas que pueden utilizar esta vía a diario, pero la negativa de Macias a abordar este tema ha hecho que se retirara este punto para poder aprobar el conjunto de la propuesta por unanimidad. Desde el Gobierno de la Generalitat se había justificado la negativa a realizar esta mejora de la C-1411 indicando que el eje viario prioritario de comunicación con Barcelona pasaba por la A-18, que es una de las autopistas más caras del Estado. Esta autopista es de pago por encima de Terrassa, pero gratuita entre esta ciudad y Sabadell y Barcelona.

La concesión de la autopista es de Autema (Autopista Terrassa-Manresa) y fue hecha en su día por el Gobierno catalán y prolongada sin compensación para los usuarios. El Ejecutivo que preside Jordi Pujol adujo la baja intensidad de tráfico para aumentar los años de la concesión sin compensaciones.