Chaves niega que haya desarrollo especulativo y afirma que impedirá los "desmanes" urbanísticos

El Gobierno andaluz tiene voluntad política "clara" de impedir cualquier "desmán" especulativo urbanístico en las ciudades de Andalucía gobierne quien gobierne. Así de tajante se expresó ayer el presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, ante una pregunta del portavoz de Izquierda Unida, Antonio Romero, quien acusó a la Junta de "omisión" y de no actuar con fuerza ante operaciones dudosas de "centenares de miles de millones de pesetas". Chaves rechazó estas acusaciones y aseguró que en Andalucía "no hay desarrollo especulativo urbanístico".

Romero se refirió especialmente a operaciones urbanísticas en el litoral, donde vive un tercio de la población andaluza, desde Cabo de Gata (Almería) hasta Ayamonte (Huelva) y opinó que hay una "ausencia de voluntad política" de la Junta para atajar las irregularidades que se producen.El portavoz de IU citó, entre otras, las "agresiones" cometidas en Marbella y en la finca Montenmedio en Barbarte (Cádiz), que acumula 14 denuncias todas ellas presentadas por la Administración autonómica. "Hay que quitarles competencias urbanísticas a estos ayuntamientos y redoblar" el esfuerzo de la Junta para esta situación, dijo. En caso contrario, la posición de la Junta seguirá siendo de "falta de coraje y voluntad", opinó Romero, quien pidió a Chaves que aclarase "si hay un acuerdo de usted o del consejero de la Presidencia" con el alcalde de Marbella, Jesús Gil.

"No entre en difamaciones tan antiguas que son absolutamente falsas", le replicó el presidente andaluz, quien aseguró que la Junta ha actuado "con contudencia contra los desmanes de Gil". El Gobierno andaluz dispone de los instrumentos jurídicos necesarios para evitar las agresiones urbanísticas en zonas de la comunidad, aseguró Chaves, quien se comprometió a que en el primer trimestre del próximo año entrará en el Parlamento la ley de Ordenación Urbanística (conocida como ley del Suelo) para perfeccionar los mecanismos de control de la Administración autonómica.

"Hay voluntad clara de impedir cualquier movimiento especulativo que vaya contra el desarrollo sostenible" se produzca donde se produzca y sea a iniciativa de un Ayuntamiento gobernado por el PSOE, Partido Popular o Izquierda Unida, subrayó Chaves.