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Tribuna:

Sobre horarios comerciales

Pocos días después de que el PP rayase la mayoría absoluta en los comicios generales, Aznar invitó en la Moncloa a sus más allegadas amistades para celebrar con todo lujo de detalles su éxito electoral. Me contaron entonces algunos avispados observadores que visto lo sucedido allí y el ilustre pelaje de ciertos comensales no se haría esperar un paquete de medidas liberalizadoras con el objetivo de favorecer, sin que lo pareciese, a las grandes superficies comerciales. Y así fue. A los pocos días, Aznar decretó sin consenso alguno y con la altanería que ha caracterizado su segunda legislatura una liberalización de horarios comerciales que ha desatado la ira comprensible de los pequeños comerciantes y que ha puesto en pie de guerra a un sector, sin duda estratégico, que por citar solamente unos someros datos mantiene ocupada al 14% de la población activa del País Valenciano y genera no menos del 16% de su PIB.En efecto, el cambio de hábitos de consumo es una muestra inequívoca del proceso de modernización social que nuestro país ha experimentado en el último cuarto de siglo. La progresiva y afortunada incorporación de la mujer al mercado de trabajo, junto con la imperiosa necesidad de acometer largas jornadas laborales para satisfacer el exigente ritmo de consumo actual, han provocado un cambio profundo en las rutinas de compra, desplazándose éstas a los fines de semana por ser el período hábil de descanso familiar.

Esta razón ha sido aducida por el gobierno del PP para justificar la apertura de comercios en domingos, pero no explica en verdad el fondo de la cuestión porque las encuestas del CIS indican bien a las claras que los ciudadanos están satisfechos con los horarios comerciales vigentes, además de que no les suponen un problema político de primera magnitud, como sí lo pueden ser el terrorismo, el encarecimiento del crudo o la seguridad ciudadana.

En la misma línea, los gestores del PP también han intentado convencer a la opinión pública que con esta medida se introducirán mecanismos alentadores de la competitividad en el mercado, con el objetivo de minorar la inflación. Futurible que cuenta con poca base si observamos el caso de Suecia, donde la liberalización de horarios comerciales supuso el aumento de precios y la destrucción de empleo, como reacción del cierre de pequeñas tiendas que sin capacidad suficiente ni estructura sucumbieron ante el incremento de los costes. Es más, en aquellas comunidades autónomas en las que se aplicó el decreto Boyer de libertad de horarios comerciales, como Madrid, han desaparecido más de 20.000 comercios y más de 40.000 puestos de trabajo en el sector, cifras demoledores que contrastan con la creación sostenida de puestos de trabajo en el País Valenciano mientras se ha hecho respetar el espíritu de la ley valenciana de comercio de 1986 que limitaba los horarios comerciales.

No me cabe duda alguna de que los pequeños comerciantes son partidarios de la liberalización de la economía para garantizar la competencia en un marco de igualdad de oportunidades. Pero estoy igualmente convencido de que no desean que esta liberalización se haga a base de decretar medidas que no contribuyen a generar este marco económico y que dejan el sector bajo el control de las grandes superficies -máximas beneficiarias al fin y al cabo de las medidas- con el consiguiente peligro de mayor concentración, reducción de oferta, menor margen para el fabricante e incremento de precios.

Además, los pequeños comerciantes han demostrado que, con un marco legislativo idóneo como la ley de comercio que aprobaron las Cortes Generales en 1996 y que ponía coto a la plena libertad de horarios comerciales, saben competir y pueden introducir procesos de modernización en sus establecimientos, sin olvidar iniciativas como los centros comerciales abiertos, las cadenas de compra o la revitalización de los centros históricos de las ciudades. Medidas que en estos cuatro años han permitido una gran expansión del sector y que lejos de los vaticinios de los agoreros no han supuesto un incremento de la inflación.

Refutados así los argumentos de cambio de hábitos de consumo y de apuesta por la competitividad, sólo cabe señalar como razón de peso para justificar este decretazo una política clara y descarada del PP de ayuda a las grandes superficies con lo que supone de castigo al comercio tradicional y de ciudad.

Ante esta cruda realidad, es comprensible que la gran mayoría de los más de 65.000 comercios actuales del País Valenciano sólo alcance a ver en su particular predicción de futuro negros nubarrones. Porque, por poner un ejemplo, no serán los pequeños comerciantes quienes podrán hacer el esfuerzo de mantener abierto el negocio durante toda la semana, sino otros de mayor envergadura que sí estuvieron presentes en aquella cena en la Moncloa.

Pero más allá de este trato de favor, el decreto de liberalización apuesta a las claras por un modelo de sociedad anglosajón, con matices afrancesados, donde la periferia pasa a ser el centro de la ciudad y el centro histórico, una mera retahíla de viejos edificios sin vida ni trama urbana que los defina. El modelo de ciudad mediterránea, abierta, con tramas urbanas y entramados cívicos sólidos y con centros históricos comerciales no es el modelo de sociedad del Partido Popular.

Y es que Zaplana y sus afectos prefieren una Valencia con fachada de Atlanta, antes de que ejerza de capital cultural y económica del Mediterráneo, con todo lo que conlleva. Y no sólo eso. Puedo afirmar que Zaplana se siente cómodo con este modelo de sociedad anglosajón, con ese trato de favor a las grandes superficies y el ataque permanente al pequeño comercio. Y lo quiere porque no ha utilizado instrumento alguno para impedir que el decreto se aplique en el País Valenciano, ni ha planteado un conflicto de competencias, ni mucho menos un recurso de inconstitucionalidad por invadir competencias propias de la Generalitat, como la de comercio interior recogida en el Estatut.

Señor Zaplana, puestos a defender esta supuesta liberalización desde el punto de vista del consumidor de productos, ¿por qué no lo hace desde la perspectiva del consumidor de servicios, como bancos, administraciones públicas, juzgados, hospitales? Hágasela extensible esta duda también al presidente Aznar y tengan presente que los costes sociales de esta liberalización pueden ser irreversibles..

Pere Mayor es el presidente del Bloc Nacionalista Valencià

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de octubre de 2000