El Gobierno impugna por tercera vez el convenio municipal de Málaga
La Delegación del Gobierno en Andalucía ha impugnado el nuevo convenio laboral y la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Málaga, igual que hizo en los dos años anteriores en los que el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón. Los precedentes, sin embargo, no parecen haber servido de escarmiento y los abogados del Estado han encontrado el mismo motivo para recurrir: el convenio contraviene los preceptos sobre retribuciones a funcionarios de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El tiro le ha salido por la culata al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga, del Partido Popular (PP), que tras las suspensiones judiciales de los dos convenios anteriores intentó sortear la posibilidad de otro recurso con la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo de los 2.600 empleados que tiene en nómina el consistorio. Entendía así que no se producía una mera revisión de los salarios, sino que se trataba de una reforma estructural con una nueva valoración de éstos de acuerdo a un organigrama y funciones diferentes. Para la elaboración de la nueva relación de puestos de trabajo, el Ayuntamiento contrató a una empresa consultora que cobró por sus servicios 30 millones de pesetas. La Delegación del Gobierno ha impugnado los dos acuerdos adoptados en el pleno el pasado 15 de mayo, tanto la relación de puestos de trabajo como el nuevo convenio colectivo. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Málaga explicaron ayer que el Ayuntamiento no tiene capacidad para realizar la revisión de todos los puestos de trabajo de su nómina, solamente de algunos específicos.
La oposición ha interpretado el nuevo recurso como un revés al gobierno municipal del PP y ha recordado que ya en la sesión plenaria en la que fue aprobado el convenio advirtió de la posible ilegalidad del mismo. Según el PSOE, no se daban los criterios de excepcionalidad que únicamente permiten un incremento salarial por encima del 2% estipulado en los Presupuestos Generales del Estado.
El entonces concejal de Personal, Manuel Ramos, que ahora es responsable de Urbanismo, descartó aquel día la posibilidad de la impugnación: "Tenemos argumentos suficientes para que no sea impugnado y para que no sea discutido desde ninguna otra Administración; tenemos la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo". Los abogados del Estado no han opinado lo mismo.
El viceportavoz de IU, José Luis Portillo, fue ayer muy duro con el equipo de Gobierno, al que calificó de "chapucero" e "inepto". Portillo llamó la atención sobre la incapacidad del PP para reconocer sus errores y permitir que por tercera vez sea impugnado el convenio con los trabajadores y por el mismo motivo por el que ya fue suspendido judicialmente en dos ocasiones anteriores. Además, acusó al equipo de gobierno de "engañar reiteradamente a los trabajadores municipales desde el año 1998".
El convenio contemplaba incrementos salariales de entre el 6% y el 29% e incluía la figura del complemento específico, que venía a sustituir las polémicas pagas por asistencia al trabajo y cumplimiento de tareas y horarios que aparecían en los dos convenios suspendidos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ambos fueron anulados por incluir incrementos salariales superiores a los estipulados por el Gobierno para los funcionarios públicos en 1998 y 1999.
El equipo de gobierno que preside Francisco de la Torre, que accedió al cargo 10 días antes de la aprobación del convenio y cuando ya había sido acordado con los trabajadores, trataba de asegurarse la paz laboral para todo su mandato, ya que su vigencia es hasta el año 2003. Ahora vuelve a estar pendiente de los tribunales.
Desde que el PP llegó a la alcaldía de Málaga en 1995, los gastos de personal han aumentado un 35% y con casi 13.000 millones de pesetas representan en torno al 30% del capítulo total de gastos del Consistorio. La oposición ha criticado reiteradamente estas cifras, sobre todo cuando las pone en contraposición con la creación de puestos de trabajo, ya que la plantillas apenas ha aumentado en este tiempo un 2%.
Los tres sindicatos con más representatividad en el consistorio, Unión de Policías Locales y Bomberos (UPLB), UGT y CC OO han anunciado que se personarán en el procedimiento para defender la legalidad del convenio.
