El 88% de los casos de delito fiscal enviados al juzgado en los últimos años sigue sin juicio

Los expedientes por delito fiscal se acumulan en fiscalías y en juzgados. Y el retraso se acentúa. Entre 1992 y 1999 los tribunales recibieron 3.049 casos de delito fiscal, pero sólo resolvieron 368, un 12%, según la Agencia Tributaria. El 88% restante sigue pendiente de juicio. El monumental atasco se ha agravado. En 1999 los tribunales sólo sentenciaron siete de cada 100 expedientes que envió Hacienda. Algunos inspectores hablan de un auténtico "fracaso" en la lucha contra el delito fiscal. El Consejo del Poder Judicial atribuye el retraso a "la complejidad y a los cambios" legales.

Cifras millonarias

Según la ley existe delito fiscal cuando se cumplen dos condiciones: que la cuota defraudada a Hacienda sea superior a 15 millones de pesetas y que, a la vez, se aprecie que el contribuyente tenía intención de defraudar. Todos los expedientes que no cumplen estos dos requisitos no son presuntos delitos, sino fraude fiscal, y se resuelven con sanciones de Hacienda sin llegar a los tribunales. Los casos por presunto delito fiscal sentenciados por los tribunales han disminuido en los últimos años. En 1994, con el Gobierno socialista, se llegó al mínimo de casos sentenciados de la década, un 5,7%. Desde entonces se produjo una subida gradual hasta el año 1997, con 59 casos resueltos, el 20,1% de los recibidos ese año.

Pero la situación ha empeorado (ver gráfico). De los 691 casos enviados por la inspección de Hacienda a los juzgados el año pasado, los tribunales sólo sentenciaron 47, el 6,8%, según la memoria de la Agencia Tributaria de ese año. Los casos recibidos por los tribunales suman cantidades millonarias. En 1998 recibieron casos por 63.070 millones de pesetas y el año pasado por 81.287 millones de pesetas. Los datos disponibles no concretan las cantidades afectadas para los casos pendientes de sentencia.

Para Hacienda, enviar los expedientes fiscales a los juzgados es malo para su recaudación porque no ingresa nada hasta que un juez dicta sentencia. En cambio, por las actas fiscales ingresa, tanto si se firman en conformidad como en disconformidad, aunque debe devolver su importe si finalmente no se prueba el fraude.

El aumento de los casos de delito enviados a los tribunales se debe en parte al temor de los inspectores a verse acusados de trato de favor a raíz de la oleada de escándalos destapados entre 1998 y 1999, que afectaron a inspectores y jefes de Hacienda, sobre todo en Cataluña, señalan fuentes próximas a la Agencia Tributaria y algunos asesores fiscales. "Ante la duda de si hay o no delito, los casos se envian al juzgado", añaden estas fuentes.

Los fraudes fiscales prescriben en cuatro años y los delitos en cinco, tanto si no han sido descubiertos como si están en un juzgado o tribunal. Pero el calendario de la prescripción se interrumpe y se pone a cero cada vez que hay una diligencia de Hacienda o los jueces al contribuyente.

Por eso el portavoz del Consejo del Poder Judicial, Benigno Varela, reconoce el retraso judicial en juzgar los delitos fiscales, pero recalca que no hay riesgo de que estos casos acaben prescribiendo. "La posibilidad de que un caso prescriba en los juzgados es sólo teórica porque es muy difícil que no se haga ninguna diligencia en cinco años", dice Varela.

¿Y a qué se debe el retraso de los tribunales en juzgar los delitos fiscales? El portavoz del Consejo General del Poder Judicial lo atribuye "a los cambios que ha habido en la competencia judicial" de estos delitos. "Tras la reforma del Código Penal" -dice el magistrado- "la competencia la tuvieron las audiencias provinciales, y a partir de 1998 parte de estas competencias han vuelto a pasar a los juzgados de lo penal".

El magistrado añade que el atasco judicial de los delitos fiscales "también se debe a la complejidad del delito fiscal porque el juez o el tribunal tiene que practicar numerosas pruebas periciales y tener conocimientos no sólo jurídicos, sino tributarios y de contabilidad".

El Consejo del Poder Judicial se cura en salud al afirmar que ha pedido más medios técnicos y humanos al Gobierno y cambios legales para agilizar la resolución de estos delitos contra la Hacienda pública. Su portavoz recalca que "se ha pedido al Parlamento y al Gobierno modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar el procedimiento", algo que hasta ahora no se ha abordado, recalca.

Los tribunales suelen ratificar la mayoría de los casos de delito que les envía Hacienda. Según datos de la Agencia Tributaria, el 73% de los casos remitidos a los tribunales acaban en condena.