Juicio contra un ginecólogo por la minusvalía de un recién nacido

Un ginecólogo y dos matronas de una clínica privada sevillana se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión por un presunto delito de lesiones ocasionadas a un bebé, supuestamente, por no atender de forma correcta el parto de una mujer. El niño sufre una minusvalía del 81%. La defensa solicita la absolución de los acusados.Los hechos que se juzgan ocurrieron a partir del 4 de abril de 1995, cuando la paciente E.R.F., que estaba a término de su embarazo y ya tenía otro hijo anterior, acudió a la clínica con molestias propias del parto, pero fue enviada dos veces a su casa, pese a que había expulsado el tapón mucoso de la matriz, tenía pérdidas de líquido amniótico y el feto presentaba taquicardia, según el escrito del fiscal. Según la acusación, el ginecólogo alegó que el día 17 tenía cita para revisión. El día 15 fue sometida a una cesárea y dio a luz un niño que, desde entonces, presenta una minusvalía del 81%, encefalopatía y deficiencias neurológicas.

En el juicio, que se celebrará en el juzgado penal 1 de Sevilla el jueves y viernes próximos, el fiscal solicitará una condena de dos años de prisión y otros dos de inhabilitación para el ginecólogo F. D. A., pena que la acusación particular que ejerce la perjudicada eleva a tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación.

El fiscal solicita además una indemnización de 45 millones de pesetas para el niño, que ahora tiene 5 años, y otros cinco millones para sus padres, cantidad que la acusación particular eleva a 200 millones de pesetas para el niño y 50 para sus progenitores.

Según el escrito de acusación del fiscal, las matronas F. D. L. y M. B. R. fueron las primeras que exploraron a la parturienta y omitieron "el más elemental deber de cuidado", ya que apreciaron la taquicardia del feto pero no dieron aviso al ginecólogo ni anotaron esta incidencia en la historia clínica.

La acusación particular pide para cada una de ellas una condena de un año de prisión y dos de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, mientras que el fiscal solicita una multa de 30 días.