La dispersión de competencias impide acabar con la pesca furtiva en Málaga Unas 400 embarcaciones se dedican a la captura de inmaduros
En la provincia de Málaga hay unas 400 embarcaciones furtivas que impunemente se dedican a capturar inmaduros. Mientras que algunos pescadores legales sorprendidos con alevines han tenido ya que sentarse en el banquillo acusados de un delito ecológico, los bolicheros llegan a embolsarse hasta 40.000 pesetas en una noche esquilmando el mar sin que ninguna administración se atreva con ellos. La dispersión de competencias y la beligerancia de los furtivos son las razones que se apuntan para explicar por qué no se ataja esta situación.
Aumento de los decomisos
A primera hora de la mañana algunas playas de la provincia de Málaga se convierten en una improvisada lonja en la que no sólo se comercia pescado que no tiene la talla mínima reglamentaria, sino que además carece de control sanitario.Acabar con una cadena ilegal contra la que deben actuar Capitanía Marítima, Consejería de Pesca, Guardia Civil, Costas y ayuntamientos no es fácil. Más aún cuando los pescadores ilegales no dudan en atacar con piedras e incluso con los propios remos a los inspectores ante los que, por supuesto, jamás se identifican. Y como sus embarcaciones no llevan matrícula, la vía penal o administrativa es imposible.
"Las administraciones se escurren, todas tienen argumentos para no actuar. Es un problema que sólo se arregla con coordinación. En muchos casos sería necesario el apoyo de las fuerzas de seguridad porque, debido a que es un sector muy aguerrido, se generan situaciones de orden público", comenta un técnico de la Administración autonómica.
Las propias cofradías de pescadores se quejan porque dicen que mientras la Fiscalía de Medio Ambiente acorrala a los legales que capturan alevines, los furtivos faenan impunemente. La actividad de las chalanas -pequeñas embarcaciones utilizadas para esta práctica de pesca ilegal- fue denunciada esta semana por Los Verdes (LV), que tildó de "incapaces" a la Capitanía Marítima y a la Autoridad Portuaria de Málaga por no atajar el problema.
La formación ecologista responsabilizó a Capitanía de la existencia de embarcaciones sin matrícula que navegan libremente por la franja costera. Si algún trabajador de este organismo les requiere la documentación, los furtivos responden que la chalana está en reparación. "Como si por tener tu coche en el taller no fuera necesario llevar todos los papeles en regla", comparó Juan José Merino, coordinador provincial de Los Verdes, quien reclamó mayor contundencia en este aspecto.
Las quejas de Los Verdes incluyen también a la Autoridad Portuaria de Málaga, ya que según esta formación, algunas embarcaciones ilegales atracan dentro del puerto. El presidente de esta institución, el socialista Enrique Linde, reconoce que a veces las chalanas entran en el recinto, pero aclara que cuando llega la Guardia Civil, alertada por los guardamuelles, ya se han ido.
"La Autoridad Portuaria no se puede excusar con el argumento de que desde tierra no se puede intervenir", protestó Merino. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Málaga, Esteban Mena, coincide con los ecologistas en que "las administraciones se echan la pelota y nadie toma cartas en el asunto".
A tenor de las frecuentes incautaciones realizadas por la Junta de Andalucía y la Guardia Civil, éstas son las instituciones que con mayor empeño luchan contra la captura de inmaduros. Si se comparan los ocho primeros meses de 1999 con el mismo período de este año, los decomisos crecieron un 10%, ya que entonces se aprehendieron 17.440 kilos mientras que de enero a finales de agosto la cifra ascendía ya a 19.389 kilos.Entre los años 1999 y 2000, la Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado un total de 14 denuncias contra otros tantos armadores por capturar peces de talla menor de la reglamentaria.
En una, la Audiencia de Málaga ya ha dicho que la infracción no constituye delito ecológico y que sólo puede ser sancionable por la vía administrativa; otra está pendiente de sentencia y el resto todavía está en la fase de diligencias. Pero prácticamente todas se tramitan contra armadores legales, quienes no ocultan su malestar porque "a los furtivos nadie les meta mano".
