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Reportaje:

Jueces encima de andamios

Algunos vecinos no se lo creían. Era un hecho insólito. Pero cierto. Tres magistrados del Tribunal Supremo, capitaneados por Fernando Ledesma, ex ministro de Justicia y ex presidente del Consejo de Estado, socialista, abandonaban a primera hora de ayer sus despachos de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Allí pugnan a diario, y de manera sedentaria, con montañas de papeles. Pero la mañana de ayer fue para ellos mucho más movida. Con sus vehículos oficiales y sus escoltas, los magistrados iniciaron una inusitada expedición urbana. Su destino era la iglesia de San Jerónimo el Real.Una vez allí, envueltos en ese aroma de expectación que rodea a las personas con cometidos importantes, se adentraron en el recinto de la iglesia. No acudían a celebración religiosa alguna; más bien realizaban una inspección ocular sobre el terreno, vinculada a su función judicial. Se trataba de examinar visualmente el estado del claustro columnado, del monasterio jerónimo que allí se levantó en el año de 1504. Hace apenas unas semanas, el claustro fue andamiado a iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura, que prepara el terreno para hacer viable la decisión del Consejo de Ministros de 2 de octubre de 1998 a fin de ampliar el Museo del Prado. Se prevé instalar, sobre el espacio claustral, un edificio cúbico proyectado por el arquitecto Rafael Moneo.

Pero se da la circunstancia de que ese mismo claustro fue declarado Monumento Nacional en el año de 1925, lo cual le convierte, teóricamente, en edificación intocable. Esta circunstancia fue argumentada por un particular, Pedro Fábregas quien presentó un recurso judicial ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, a la que Fernando Ledesma y sus compañeros magistrados pertenecen. El propósito del recurrente era el de detener la actuación que se realiza en el claustro, mediante lo que se denomina una medida cautelar "provisionalísima", ya que considera que el Consejo de Ministros vulnera la Ley del Patrimonio Histórico y otra afín de la Comunidad de Madrid.

Con estas premisas, los magistrados del Supremo se proponían ayer en su inspección confirmar los extremos incluidos en el recurso, para lo cual no dudaron en tocar sus cabezas con cascos blancos y subir a los andamios -hasta doce metros de altura miden estas estructuras metálicas- y dejarse informar in situ por el director técnico de la obra y los expertos sobre qué es exactamente lo que están haciendo en tan singular escenario de la arquitectura histórica madrileña. Allí estaban Engracia Hidalgo, responsable de Infraestructuras del Ministerio de Educación y Cultura, departamento que supervisa las obras; la arquitecto Vinuesa, del mismo ministerio; la arqueóloga Cirujano, del Instituto del Patrimonio Histórico Español, más su colega Teresa Abades. Ésta, autorizada por Educación, comenzó ayer mismo a abrir dos catas arqueológicas de unos 40 metros cuadrados cada una, de las que halló paramentos pertenecientes, presumiblemente, a un claustro anterior que se halla bajo el ayer examinado.

Engracia Hidalgo reconoció ante los magistrados que el Ayuntamiento de Madrid le había obligado a reponer, con 450 árboles de similar naturaleza, los 16 castaños de Indias que fueron este verano talados en el interior del claustro "para poder restaurarlo", según dijo. Los técnicos indicaron que existe riesgo de desplomes pétreos, confesión que resultaba inquietante habida cuenta de la presencia ayer, en el recinto claustral, de unos 50 visitantes, en su mayoría desprovistos de casco. Al descender de los andamios tras su examen, los magistrados dijeron no haber sufrido riesgos allí arriba. Admitieron desconocer si la visita a un monumento nacional, con fines periciales, tenía o no precedentes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo que preside Fernando Ledesma. No dijeron qué medida adoptarán, pero la que adopten vendrá cargada de responsabilidad social: revalidará, o echará abajo, la ampliación del Prado decidida en Consejo de Ministros, que optó por pasar encima de las leyes que protegieron una auténtica joya monumental de Madrid.

'Acción pública de salvaguardia'

La inspección realizada ayer en Los Jerónimos por los magistrados obedece a la instrucción de un recurso contencioso-administrativo. En él se invocan la Acción Pública y la de Salvaguardia, previstas en la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985, y en la de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, de julio de 1998.Sus autores plantean el recurso "contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de octubre de 1998, por el que se autoriza la ejecución del Proyecto de Ampliación del Museo Nacional del Prado sobre un Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, cual es el claustro de San Jerónimo el Real". Por considerar que no ha sido publicado este acuerdo en ningún medio oficial, del tipo del Boletín Oficial del Estado, como cree preceptivo, el recurrente pide que la Sala del Tribunal Supremo reclame el correspondiente expediente administrativo de la Presidencia del Gobierno. Y alega la existencia de un Convenio de colaboración, de julio de 1998, entre la Archidiócesis de Madrid y el ministerio de Educación y Cultura, según el cual la Santa Sede condiciona contractualmente la licencia para la cesión del claustro a la "plena rehabilitación del Monumento". Señala que este acuerdo no puede anularlo el Consejo de Ministros a quien acusa de atentar contra el plan museográfico básico del Convenio de colaboración, también contra el Reglamento y Programa Concurso internacional para la ampliación del Prado. Por todo ello pide la supensión del acuerdo del Consejo de Ministros y al de Educación, la de las obras ya iniciadas.

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