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Tribuna:UNA FUSIÓN POLÉMICA
Tribuna
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¿Es beneficiosa la fusión?

Miguel Ángel Fernández Ordoñez

No cabe una respuesta única a esta pregunta pues, como es normal en las decisiones que afectan a un número grande de ciudadanos, unos pueden salir beneficiados mientras otros resultan perjudicados. Para responder adecuadamente, habría que dividir a los españoles en muchos grupos pero, para simplificar, podemos distinguir entre los directivos de las empresas que se fusionan, los accionistas de esas empresas y los demás españoles que no son ni directivos ni accionistas de las mismas.No hay riesgo de equivocarse si decimos que la fusión debe ser beneficiosa para los directivos de ambas empresas. No hace falta analizar lo que han conseguido como, por ejemplo, que todos los que han pilotado esta operación se han recolocado en una nueva empresa que, además, es mucho más importante que las anteriores. Basta simplemente con suponer que, si han promovido y acordado la fusión, no debe ir contra sus intereses.

Cuando pasamos a analizar los beneficios que pueden obtener los accionistas de las dos empresas las cosas no están tan claras. Se supone que los accionistas de Iberdrola se benefician en el corto plazo por la prima que reciben aunque, si observamos a aquellos accionistas que tienen más capital en el consejo de administración y que quisieron estudiar la oferta de Gas Natural, cabe la duda de si ésta oferta habría sido más beneficiosa que la fusión con Endesa.

Respecto a los accionistas de Endesa el interrogante es mayor. La duda sobre el beneficio no surge tanto de que, al día siguiente del anuncio, las acciones de Endesa cayeran en el mercado un 8% pues, hoy o mañana, podrían subir. El problema es que, como recordaba recientemente el profesor Cuervo, hay varios estudios que muestran que, en más del 60% de los casos, las fusiones perjudican a los accionistas de las empresas fusionadas y los que arriesgan perder más son los de la empresa compradora que los de la comprada. Pero, al final, serán las juntas generales de accionistas las que decidan.

Finalmente, ¿qué pasa con los españoles que no son ni directivos ni accionistas de estas empresas? En principio está el efecto beneficioso de que las empresas españolas sean más grandes. Que las empresas grandes tengan su sede en España es bueno para todos los ciudadanos aunque no sean accionistas de las mismas. Otro efecto a analizar es el que la fusión pueda tener sobre los consumidores.

No se debe pensar sólo en los consumidores domésticos sino en las empresas españolas, porque el 75% de las ventas de los monopolios eléctricos van a empresas no eléctricas. Por esta razón, porque la reducción de la factura eléctrica mejora la competitividad del resto de las empresas, es por lo que, por ejemplo, Alemania se lanzó a un proceso de competencia radical que ha llevado a que muchas empresas alemanas paguen por la electricidad un 60% menos, aunque ello ha afectado negativamente a los beneficios de las empresas eléctricas y a su cotización en Bolsa, a diferencia de lo sucedido en España.

Los efectos sobre los consumidores dependen de las condiciones que se pongan a la operación. Si la nueva empresa se queda con un porcentaje de activos de generación y con un número de clientes en el monopolio de distribución por encima de los que ahora tiene Endesa, los consumidores españoles podrían salir perdiendo.

Sin embargo, si, siguiendo el ejemplo británico, se consigue reducir el porcentaje de activos de generación que puede tener la mayor empresa a un máximo del 20%, y se consigue, también como en el Reino Unido, que ninguna empresa pueda tener más de tres millones de clientes en distribución, los consumidores españoles podrían salir ganando con la fusión. Pero es muy difícil que el Gobierno español consiga buenas condiciones para los consumidores si usa sólo la legislación de defensa de competencia, ya que, en el caso que las pidiera, las empresas podrían amenazar con abandonar la fusión.

Para favorecer a los consumidores el Gobierno debería aprovechar esta ocasión para cambiar la normativa eléctrica de tal forma que esos límites a favor de la competencia se aplicasen a todos, a Endesa, a Iberdrola, a Gas Natural o a cualquier empresa extranjera que quisiera operar en España. Las empresas deberían cumplirlos, se fusionasen o no se fusionasen, porque, si no los cumplen, no habrá competencia en España, haya o no haya fusiones. Ello tendría la ventaja de que el Gobierno no tendría que estar negociando con unos y con otros, favoreciendo a unos o perjudicando los proyectos empresariales de otros, sino que dejaría a los mejores gestores ganar la partida sin intervenir en ella.

Hay fórmulas para permitir que las empresas españolas puedan ser grandes sin que tengan poder mercado en España. Las experiencias internacionales muestran que los gobiernos deben tener una actitud activa, no tanto en intervenir en las decisiones empresariales a través de acciones de oro o de una legislación de defensa la competencia intervencionista, sino estableciendo una normativa general a la que deben someterse todos. Basta con aprender de los que van por delante de los españoles en la liberalización y la introducción de competencia.

mfordonez@teleline.es

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